Un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo contra una parte del plan B electoral en materia de la Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre.
El 14 de febrero, Germán Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, notificó que analizará la impugnación en contra el artículo 26 de dicha ley.
El amparo fue promovido por la Asociación de Municipios de México, debido que el artículo impugnado establece que los gobiernos estatales y municipales no deberán gastar más del 0.1% de su presupuesto anual en su programa de comunicación social.
De acuerdo con el expediente 202/2023, el juez negó conceder una suspensión provisional a la asociación. Sin embargo, el 20 de marzo decidirá si concede una suspensión definitiva, lo que frenaría temporalmente la aplicación de la ley en lo que resuelve si concede el amparo.
El año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una parte del plan B electoral en materia de propaganda.
Se trata de la iniciativa por la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con las reformas se estableció, entre otras cuestiones, que los servidores públicos podrán expresarse libremente sin que eso sea considerado propaganda.
A inicios de febrero, el Instituto Belisario Domínguez del Senado señaló que el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador se perfila a convertirse en la reforma electoral más impugnada ante el Poder Judicial.
El documento señala que hasta el 1 de febrero se habían presentado seis recursos contra el primer paquete de la reforma electoral, entre estos un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional.
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