Jorge Fernández Menéndez
Los niveles de violencia que vivimos no se caracterizan sólo por el número de víctimas de asaltos, robos, secuestros, extorsiones y asesinatos. El secuestro masivo de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas no sólo es minimizado por el propio Presidente, que dice en plena mañanera que si los delincuentes no liberan a los secuestrados, “los denunciará con sus papás y abuelitos”. Recuerda aquellos secuestros masivos que realizaban grupos criminales y guerrillas en Colombia, cuando cerraban un tramo de carretera, secuestraban a todo el mundo y luego veían si había alguien que podía ser intercambiado por un rescate o para una demanda específica. No estamos lejos de ese escenario.
Ayer, en Celaya, Guanajuato, donde la violencia parece incontenible, ocurrió algo también casi inédito. Un grupo criminal hizo estallar un coche bomba que dejó diez heridos, entre ellos cinco integrantes de la Guardia Nacional. Y en Michoacán, donde se usan drones para ataques armados, donde se plantan minas antipersonales en los caminos, donde los enfrentamientos son cotidianos, fue asesinado un líder histórico de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, luego de una emboscada que dejó tres muertos.
Hipólito Mora, lo mismo que el fallecido José Manuel Mireles, fundaron las autodefensas supuestamente para protegerse de los cárteles locales, pero muy rápidamente se supo que eran parte del mismo fenómeno que decían combatir: las autodefensas podían tener algunos miembros legítimamente preocupados por enfrentar a los cárteles, pero en realidad eran financiadas y armadas por un cártel contra otro, en la mayoría de los casos por el CJNG. Y también fueron legitimadas y hasta armadas por las autoridades.
Pasó lo mismo, por ejemplo, en Guerrero, donde grupos, como ahora el llamado Cártel de los Tlacos, que controla Chilpancingo y otros municipios (y que dejaron siete cuerpos desmembrados con amenazas a la alcaldesa de Chilpancingo esta semana por, supuestamente, no cumplir los acuerdos que tenía con ellos), nacieron como Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, comandada por Onésimo El Necho Marquina y Humberto Moreno Catalán. Eran enemigos de Guerreros Unidos, pero los desplazaron para quedarse con el control de las plazas que disputaban éstos.
Hipólito Mora era un personaje mediáticamente atractivo, pero era parte también de esa lógica, ello quedó de manifiesto en 2015 con un enfrentamiento en La Ruana —donde ayer fue asesinado—, en el cual murió su hijo y otras diez personas. Luego del mismo fue detenido Mora, lo mismo que el líder de sus rivales, Luis Antonio Torres, El Americano. Meses después todos fueron liberados.
La liberación de Mora y Torres, acompañados de todos los miembros de las autodefensas de ambos grupos, fue una demostración de impunidad y debilidad del Estado. Los estudios periciales demostraron que todos los detenidos habían utilizado armas, que los muertos eran de ambos bandos y que, incluso, algunos de ellos tenían hasta un tiro de gracia. Pues bien, un tribunal local (lo mismo que ocurrió años atrás con el Michoacanazo) decidió que todos quedaban en libertad porque todos “actuaron en legítima defensa”. ¿Cómo puede ser que dos grupos que se están enfrentando a tiros, que provocan 11 muertes, estén actuando, al mismo tiempo y simultáneamente, en legítima defensa? El entonces procurador del estado, José Martín Godoy Castro, fue aún más allá y dijo que el caso estaba cerrado, que la Procuraduría se había quedado sin recursos para impugnar porque “lo que hizo el magistrado fue hacer un razonamiento de fondo donde analiza criterios sociológicos, aspectos de derechos humanos aplicados por cortes internacionales”.
¿Qué tenía que ver un enfrentamiento entre dos grupos criminales con 11 muertos con los derechos humanos o las cortes internacionales? Lo que había era dos bandas ilegalmente armadas que se enfrentaron entre sí por el control de un cruce de caminos donde ambos querían colocar, de manera también ilegal, un retén. Ahí murieron 11 personas. Un día después, por las protestas derivadas de la detención de estos personajes, hubo otro enfrentamiento, éste en Apatzingán, donde incluso se emboscó a la entonces Policía Federal y hubo otros siete muertos, y una veintena de detenidos.
Todos, los del enfrentamiento en La Ruana y los de la emboscada en Apatzingán, quedaron en libertad y ahí siguen, hasta hoy, los combates entre los dos grupos. Uno de los responsables de esas muertes (víctima también por la muerte de su hijo), Hipólito Mora, fue premiado con una candidatura para diputado federal otorgada por Movimiento Ciudadano. En 2021 volvió a ser candidato, pero por el PES.
Ayer, Mora fue asesinado en una emboscada, en medio de la lucha entre los llamados Cárteles Unidos contra el CJNG, y las diferentes derivaciones de esos y otros grupos. Apenas en el fin de semana pasado, en Apatzingán, los combates entre criminales generaron centenares de desplazados que huían de los mismos.
En el fondo, lo que persiste es la impunidad. Si cualquier pobre diablo se roba unos tenis termina en la cárcel, pero los grupos que roban, secuestran, extorsionan, bloquean, hasta matan y vulneran los derechos más elementales de cualquier ciudadano quedan impunes y en muchas ocasiones son premiados porque se argumentan razones políticas. Delinquir individualmente es un delito, hacerlo con una coartada política detrás es parte de una “expresión social” que no puede ser castigada. Siempre habrá un juez que arguya “criterios sociológicos, aspectos de derechos humanos aplicados por cortes internacionales” para que nadie sea castigado. Hasta que se apersona la muerte.
Excélsior
