Rip Van W.
El actual presidente de la república, como sempiterno candidato (porque incluso como presidente sigue comportándose como tal) prometió un sinfín de cosas que evidentemente nunca estuvo dispuesto a cumplir. Grosso modo y a guisa de ejemplo: 1) El regreso del ejército a los cuarteles; 2) Voto no corporativo sino reflexivo en las dos cámaras; 3) Uso no electoral de los programas sociales; 4) Disminución en el precio de los combustibles; 4) Pacificación del país; 5) Fin de la corrupción; 6) Cárcel para los ex presidentes; y, 7) Respeto para los otros poderes.
Una vez que se hizo del poder, y ahora ya en el ocaso de su desastroso sexenio, puede ya afirmarse contundente e irrebatiblemente: 1) No solo incumplió la promesa de regresar el ejército a los cuarteles sino que militarizó el país, entregando éste a la milicia en una forma no vista durante casi un siglo; 2) El nivel de sumisión de los legisladores locales y federales, en relación con los ejecutivos locales y el ejecutivo federal, ha alcanzado niveles tan vergonzosos como en los del otrora poderoso PRI; 3) El uso electoral de los programas sociales es tan criminal como en los tiempo del antes llamado “partidazo”; 4) El país ha rebasado el nivel más alto de homicidios dolosos y desaparecidos que se vivió en tiempos de FCH o EPN; 5) La corrupción lejos de desaparecer se intensificó y no sonroja a ningún gobernador morenista y menos aún al llamado rey del cash; 6) No solo omitió procesar o encarcelar a los expresidentes sino que, en los hechos, quedó al descubierto el pacto de complicidad que tuvo por lo menos con el ex presidente EPN; y, 7) Al poder legislativo lo ha tenido sometido porque al tener el control del partido oficial, todos los legisladores, por mezquindad, responden irreflexivamente, hasta la ignominia, a los intereses de AMLO, pero, en el caso del Poder Judicial de la Federación, ante la omisión de entregarse o rendirse, ha decidido emprender una cobarde arremetida en su contra.
Ciertamente que el Poder Judicial de la Federación es un poder que no es popular y, por ende, no está cercano a la gente. Sin embargo, eso no es un error en sí, porque la labor de la judicatura local o federal, no es ser popular, su tarea es administrar la justica con base en el marco convencional, constitucional y legal.
López seguramente que sabe y entiende esto, no obstante, fiel a su forma dañina y destructiva de ser, arremete en contra del Poder Judicial de la Federación, porque, desde su punto de vista, ha frenado su transformación. Ello porque: I) Obligó a dar medicinas y atención a los enfermos por COVID, cuando eso se les negaba; II) Concedió suspensiones en contra de la construcción de un tren ecocida; III) También concedió suspensiones para que no defenestraran a algunos funcionarios a los que él consideraba no alineados a su proyecto (como el caso del Fiscal General del Estado de Morelos); IV) Se negó a violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando intentó, arbitrariamente, prorrogar el período de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; V) Atajó la contrarreforma eléctrica; VI) Se negó a ser comparsa en la disminución de salarios de los funcionarios judiciales [cuando en la realidad él gana más de lo que gana cualquiera de los ministros, al vivir con el nivel ostentoso de cualquiera de los presidentes que le ha antecedido en el cargo]; y, VII) Se negó la presidencia del más alto tribunal del país, a una de sus incondicionales.
Todo lo aquí narrado, en muchos países del mundo, habría ya provocado escándalos que culminaran inclusive con la renuncia del titular del poder ejecutivo federal. En México, esta práctica deleznable se ha ido asimilando y se aceptan, pero no dejan de causar escozor que, regularmente, se reivindican frente a las urnas.
Así, los desatinos del presidente EPN, se vieron reflejados con el rotundo e indiscutible triunfo de López en la elección de 2018. Todo parece indicar que, contrario a los siempre optimistas planes de quien encabeza el poder en turno, el electorado y, sobre todo, el leído e informado, aguarda el momento de hacer patente su enojo, desencanto e inconformidad, frente a la boleta electoral.
Entre los familiares de víctimas del COVID, los familiares de los desaparecidos, los familiares de las víctimas de feminicidio, los familiares de los niños enfermos de cáncer, los acapulqueños, las feministas, los amigos y los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los empresarios pequeños, medianos y grandes y los 55 mil empleados del Poder Judicial de la Federación, esperan ansiosos el momento de darle un golpe de realidad a quien pasó de ser un rayo de esperanza a una descomunal decepción.
