Adriana Del Valle Garrido
Desde el 2011, el marco jurídico ha evolucionado con importantes reformas en materia de derechos humanos que por supuesto incluyen la tutela de los derechos de personas con discapacidad, no obstante, el principio de progresividad y la convencionalidad plasmados constitucionalmente, no se cumplen a cabalidad debido a la actual carencia de perspectiva de inclusión, lo que también ocasionó ineficacia de algunos programas y la desaparición de instituciones que daban atención a este sector, generando un retroceso en nuestro país que agudizó la problemática, donde reducir las barreras de desigualdad hacia la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa, pareciera horizonte utópico.
México, cuenta con 6.1 millones de personas con discapacidad de acuerdo con los resultados complementarios del censo de población y vivienda 2020 del INEGI1, lo cual es un reto significativo para el próximo gobierno, donde los representantes, son quienes de primera mano a través de sus programas y políticas públicas deben fomentar la cultura de inclusión.
La importancia de cumplir con el marco legal existente se vuelve crucial en este contexto, ya que proporciona el andamiaje necesario para garantizar el desarrollo integral de quienes sufren algún tipo de discapacidad, y que tiene como propósito, llevar a cabo acciones afirmativas positivas, para la inclusión plena y efectiva de quienes se consideran grupos de atención prioritaria, ya que, de lo contrario, se estarían profundizando las desigualdades sociales y económicas.
Para avanzar hacia una democracia inclusiva, es fundamental que los gobiernos garanticen condiciones de igualdad mediante la accesibilidad de personas con discapacidad, a través de una comunicación adecuada y asertiva que permita insertar en el Plan Nacional de Desarrollo, programas para la construcción de políticas públicas transversales dotadas del presupuesto adecuado; inversión de equipamiento e infraestructura en vías y espacios públicos, transporte, e instituciones gubernamentales; la construcción y/o remodelación de centros de rehabilitación; realizar campañas de sensibilización social en coordinación con la sociedad civil, el sector público (en sus tres órdenes de gobierno) y el privado, para llevar a cabo labores conjuntas que prevengan y corrijan la discriminación y garanticen la inclusión laboral en condiciones dignas; fortalecer el acceso a la seguridad social y a una amplia cobertura de los servicios de salud; así como todo lo que contemple la Constitución, Convenios Internacionales en la materia, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad2 y sus homólogas de cada estado.
Un ejemplo de ello, es el Instituto Nacional Electoral que con sus acciones afirmativas3 ha generado un gran avance, donde por primera vez las personas con alguna limitación física o discapacidad que se encuentren imposibilitados para asistir físicamente a ejercer su derecho el día de la jornada electoral, en este proceso electoral 2023-2024, puedan ejercer su derecho político-electoral en la modalidad de voto anticipado, así como el registro de candidaturas de grupos en situación de discriminación, y su participación en las mesas directivas de casilla4, por lo que se debe seguir trabajando para aumentar la difusión, contribuir en la concientización y fomentar la participación en los casos que se amerite, en cada proceso electoral.
Sin embargo, la democracia no solo se reduce a un proceso electoral, sino que cada acción que realice el gobierno hacia este grupo prioritario será en contribución de esta, y no solo basta con entregar un apoyo económico a este sector, sino crear las condiciones que permitan garantizar sus derechos fundamentales de forma progresiva, por lo tanto, la igualdad de oportunidades no puede ser un mero discurso, sino un compromiso real y tangible por parte de las autoridades hacia la sociedad.
En conclusión, la democracia inclusiva en México aún enfrenta desafíos significativos que requieren una atención urgente y coordinada. Cumplir con el marco jurídico y promover políticas inclusivas, son pasos prioritarios en el próximo gobierno. La verdadera inclusión no se logra solo con leyes y políticas, sino con un cambio profundo en la mentalidad y en las prácticas de toda una sociedad. Solo entonces podremos aspirar verdaderamente a una democracia inclusiva y equitativa para todos los mexicanos.
Fuentes consultadas:
1.- Resultados Complementarios del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
2.- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
3.- Acciones Afirmativas en los Procesos Electorales
4.- Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla. https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/12/Protocolo-discapacidad.pdf
