En un esfuerzo por mitigar la controversia política sobre la inmigración antes de las elecciones de noviembre, el presidente Joe Biden anunció el martes la implementación inmediata de nuevas restricciones para los migrantes que buscan asilo en la frontera con México. Esta medida busca impedir el otorgamiento de asilo cuando la frontera sur esté abrumada, de acuerdo con una proclamación presidencial firmada por Biden.
La orden entrará en vigor cuando los encuentros diarios en la frontera alcancen los 2,500, una cifra que supera los promedios actuales, lo que indica que la implementación será inminente. Estas restricciones permanecerán hasta dos semanas después de que los encuentros diarios se reduzcan a 1,500 durante un promedio de siete días.
Según la nueva directriz, los migrantes que no expresen temor de regresar a sus países serán expulsados rápidamente, enfrentando una prohibición de cinco años para volver a entrar a Estados Unidos y posibles cargos penales. Aquellos que busquen asilo serán examinados bajo normas más estrictas, y si son aprobados, podrán acceder a formas limitadas de protección humanitaria, como la Convención contra la Tortura de la ONU.
Funcionarios de alto nivel de la administración justificaron la medida argumentando que, aunque el número de migrantes ha disminuido desde diciembre, las cifras siguen siendo altas y podrían aumentar con la mejora del clima. Sin embargo, existen complicaciones en su implementación, como la financiación insuficiente del Congreso y limitaciones legales en la detención de familias migrantes.
El gobierno de Biden tiene un acuerdo con México para aceptar hasta 30,000 ciudadanos al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que se les niegue la entrada a Estados Unidos, pero no está claro qué ocurrirá con los ciudadanos de otros países.
A pesar de las amenazas de demandas por parte de grupos legales, la administración confía en poder implementar la orden, invocando la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La directriz difiere de las medidas tomadas por el expresidente Trump, al incluir exenciones humanitarias para víctimas de tráfico humano, menores no acompañados y personas con emergencias médicas graves.
Los republicanos del Congreso han criticado la orden de Biden, calificándola de “ardid político”. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó: “Durante todo este tiempo, trató de convencernos a todos de que no había ninguna forma en que pudiera arreglar el desastre. Recordemos que fue él quien la fraguó”.
La medida refleja el esfuerzo continuo de la administración Biden por manejar la compleja situación migratoria en la frontera sur, buscando un equilibrio entre la seguridad nacional y las obligaciones humanitarias.
