En un movimiento que ha generado tanto elogios como críticas, la Iglesia católica mexicana ha publicado un decálogo de propuestas dirigido a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México. Basado en la encíclica “Fratelli Tutti” del papa Francisco, el documento busca influir en las primeras decisiones del nuevo gobierno, argumentando que están orientadas hacia la búsqueda del bien común y la promoción de una sociedad más justa y humana.
Entre las recomendaciones, la Iglesia destaca la importancia de respetar la dignidad de todas las personas, fomentar un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad, y proteger la libertad religiosa. Además, se hace un llamado a priorizar el bien común sobre los intereses particulares, apoyar a los sectores más desfavorecidos, y defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. También se enfatiza la necesidad de proteger el medio ambiente y combatir la violencia, exhortando a Sheinbaum a aplicar un compromiso por la paz en su agenda de gobierno.
Sin embargo, esta intervención de la Iglesia en asuntos gubernamentales plantea varias preguntas críticas. ¿Es apropiado que una institución religiosa busque influir tan directamente en la política de un estado laico? Aunque la intención declarada es noble, la separación entre Iglesia y Estado es un principio fundamental en México, diseñado para evitar que las creencias religiosas dicten las políticas públicas.
Además, algunas de las propuestas, como la defensa de la vida desde la concepción, pueden ser vistas como un intento de la Iglesia de imponer su doctrina moral sobre temas controversiales como el aborto, un tema que debe ser decidido a través de un debate democrático y no impuesto por una entidad religiosa.
La recomendación de fomentar un “diálogo abierto y constructivo” suena a una llamada a la inclusión, pero puede interpretarse también como una manera de asegurarse de que las voces conservadoras religiosas tengan un peso significativo en la toma de decisiones del gobierno.
Por otro lado, la exigencia de que Sheinbaum gobierne con “integridad, honestidad y transparencia” puede ser vista como un recordatorio innecesario y paternalista, dado que estos son principios básicos que cualquier gobernante debería seguir sin necesidad de que la Iglesia los subraye.
En conclusión, mientras que las intenciones de la Iglesia católica pueden ser vistas como una guía ética para la nueva presidenta, es crucial que el gobierno mantenga su independencia y no se convierta en un vehículo para las enseñanzas religiosas. La separación entre Iglesia y Estado debe respetarse para garantizar que las políticas públicas reflejen la voluntad de toda la ciudadanía y no solo de un grupo específico.
