Adriana Del Valle Garrido
Todas las acciones de la autoridad gubernamental están motivadas en función de una concurrencia de intereses, mismos que pueden ser colectivos o en su defecto personales o políticos, depende de cada uno de los representantes la dirección de un gobierno.
Cada acto, palabra, silencio, acción u omisión simbolizan la voluntad y el valor que un gobernante le da a la sociedad y al territorio que representa, pero esa exégesis en el ámbito público requiere de una profunda preparación política y jurídica, que permita poner en una balanza la retórica y los resultados obtenidos.
Los discursos que se repiten una y otra vez moldean ideologías, sentimientos y percepciones. Qué sencillo convencer y persuadir; lo difícil es mantener un criterio propio a través de una indagación, donde la comunicación gubernamental no solo sea vista como la emisión de palabras o la información que vierte y transmite un gobierno hacia la ciudadanía, sino que va mucho más allá. Es reconocer el ámbito donde el representante se desenvuelve, que tenga claro qué es lo que le exige su deber para el progreso político y social; es una combinación de identidad, estructura (orden jurídico y normativo), construcción de la agenda gubernamental, fortalecimiento institucional, capital humano, económico y tecnológico, de preparación, virtud, empatía, liderazgo, relaciones de poder y de acción política, pero sobre todo de convicción.
El papel de la comunicación gubernamental se construye a través de una continua retroalimentación, “el reconocimiento del otro implica la aceptación del diálogo”1, que se traduce en la aplicación de mecanismos de participación ciudadana que tenga una institución gubernamental, es decir, el grado de apertura para recibir solicitudes, demandas, necesidades y en qué medida éstas son escuchadas, revisadas y tomadas en consideración, así como las propuestas y aportaciones de la sociedad civil, academia, sector empresarial, mujeres, jóvenes, y de la ciudadanía en general; con la finalidad de priorizar la atención de los problemas que aquejan a la población, y posterior a ello, por parte de la autoridad gubernamental presentar y entregar resultados a la sociedad en materia económica, social y cultural.
La dinámica propia de la política lleva a la deliberación2, lo que permite ampliar la perspectiva tomando en consideración en la medida de lo posible la diversidad y pluralismo de opiniones entre lo público y privado, no caer en enfrentamientos, sino hacer de las diferencias una construcción de consensos y equilibrio.
La argumentación de los gobiernos debe contener la expresión ciudadana, que genere una identidad colectiva para convertir la desesperanza en cohesión social, mediante una relación de reciprocidad que estimule la libertad de expresión para poder evaluar con certeza a un gobierno.
La comunicación gubernamental efectiva es reflejo de construcción de legitimidad.
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Fuentes consultadas:
1.- Pía Lara, M. (1992). La democracia como proyecto de identidad ética. Universidad Autónoma Metropolitana, México: Editorial Anthropos.
2.- Véase “Democracia deliberativa” en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
3.- Botero, L. (2006). Comunicación pública, comunicación política y democracia: un cruce de caminos. Universidad de La Sabana Bogotá, Colombia: Editorial Anagramas.
http://www.redalyc.org/pdf/649/64900202.pdf
