La Fuerza Civil de Veracruz, un cuerpo policial con un historial de abusos y violaciones de derechos humanos, será disuelta tras la muerte de dos campesinos en un desalojo violento en Totalco. Creada en 2014 bajo el gobierno de Javier Duarte, la Fuerza Civil acumuló señalamientos de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. La decisión de disolverla genera incertidumbre sobre la justicia para las víctimas de estos abusos.
Desde su creación, la Fuerza Civil fue objeto de numerosas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dos de los casos más emblemáticos son el Operativo Blindaje Coatzacoalcos de 2015, que dejó al menos 35 desaparecidos, y una política clandestina de 2011 a 2016 que resultó en la desaparición de 15 personas. Activistas como Anaís Palacios del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia destacan la necesidad de un plan de transición que garantice la continuidad de las investigaciones y evite la impunidad de los responsables.
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, del Colectivo Solecito Veracruz, señaló que la represión en Totalco fue “la gota que derramó el vaso” en una corporación que desde su inicio estuvo “viciada”. La activista cuestiona qué se hará con los elementos de la Fuerza Civil para evitar que sus malas prácticas contaminen otras dependencias de seguridad.
María Elena Gutiérrez, del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, se pregunta qué pasará con los responsables de los delitos graves cometidos por la Fuerza Civil. Exige que se esclarezca por qué se tomó la decisión de disolverla ahora y asegura que los responsables deben enfrentar un castigo ejemplar.
La disolución de la Fuerza Civil debe ir acompañada de un compromiso claro por parte del gobierno de Veracruz para garantizar que no haya impunidad y que las víctimas de abusos encuentren justicia. De lo contrario, este movimiento podría ser visto como una estrategia para proteger a los culpables y perpetuar la corrupción y la violencia que ha marcado la historia reciente de la seguridad pública en el estado.
