Desde la despenalización del aborto en Veracruz, se han registrado 2,000 embarazos infantiles, subrayando la urgencia de abordar esta problemática social y de salud. Sin embargo, de estos casos, solo 18 niñas han accedido al derecho de interrumpir su embarazo, según el reporte más reciente.
La despenalización, que entró en vigor en julio de 2021, busca garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y niñas veracruzanas, ofreciendo un marco legal para la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. No obstante, el bajo número de interrupciones legales en comparación con la cantidad de embarazos infantiles revela desafíos significativos en la implementación de la ley.
Expertos y organizaciones de derechos humanos señalan diversos obstáculos que enfrentan las niñas y sus familias al intentar acceder a este derecho. Entre los principales retos se encuentran la falta de información, la presión social y familiar, y la insuficiencia de servicios médicos adecuados y accesibles en la región. Estas barreras impiden que muchas niñas ejerzan plenamente su derecho a decidir sobre sus cuerpos y su futuro.
Además, el reporte destaca la necesidad de fortalecer las políticas de educación sexual integral y los programas de prevención de violencia sexual, que son cruciales para reducir el número de embarazos infantiles y garantizar la salud y el bienestar de las niñas y adolescentes. Las autoridades estatales han reconocido estos problemas y se han comprometido a mejorar la infraestructura de salud y a promover campañas de concienciación y educación.
El caso de Veracruz refleja una situación que también se vive en otras partes del país, donde la implementación de leyes progresistas enfrenta resistencias y desafíos prácticos. Es fundamental que las políticas públicas se adapten y respondan efectivamente a las necesidades de la población para lograr un cambio real y duradero.
