Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, vuelve a ser el centro de atención en medio de la recta final del mandato presidencial. Recientemente, surgieron nuevas revelaciones sobre los contratos multimillonarios que su empresa, Química Apollo (ahora Recursos Omega), obtuvo con Petróleos Mexicanos (Pemex), levantando serias dudas sobre posibles conflictos de interés y nepotismo.
Felipa Obrador ha sido señalada por recibir contratos directos de Pemex para el tratamiento de aceite recuperado y combustóleo, así como servicios químicos en la refinería de Salina Cruz. Estos acuerdos, que ascienden a más de 4 mil millones de pesos, han estado bajo escrutinio desde 2020, cuando se hicieron públicos los primeros reportes de irregularidades.
A pesar de las órdenes del presidente López Obrador de cancelar estos contratos tras conocer el posible conflicto de intereses, Felipa Obrador continuó operando a través de asociaciones con otras empresas, lo que permitió mantener los negocios con Pemex. La empresa incluso cambió de nombre, de Química Apollo a Recursos Omega, para seguir subcontratada por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
La periodista Lourdes Mendoza ha revelado que los contratos de Felipa Obrador están bajo investigación en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la unidad de responsabilidades de Pemex por incumplimientos a normativas oficiales. Estos hallazgos refuerzan la percepción de falta de transparencia y control dentro de la administración pública.
El presidente López Obrador ha intentado distanciarse de estas acusaciones, argumentando que se trató de errores u omisiones de Pemex. No obstante, el escándalo sigue creciendo y afecta la imagen de su gobierno, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas.
Con la atención pública y mediática sobre el caso, la presión aumenta para que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas contra los responsables. Este episodio no solo pone en tela de juicio la integridad de la gestión presidencial, sino que también resalta la necesidad de reforzar mecanismos de supervisión y transparencia en las contrataciones del sector público.
