La agencia calificadora Fitch Ratings ha expresado su preocupación ante el posible impacto negativo de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Fitch, la propuesta podría afectar el clima de inversión en México, generando incertidumbre en los mercados financieros y reduciendo el apetito de los inversores extranjeros.
La reforma, que plantea cambios profundos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, ha sido uno de los temas más controvertidos en la agenda política del presidente. Entre las principales modificaciones se encuentra la elección popular de jueces y magistrados, la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Impacto en la Inversión
Fitch subraya que la incertidumbre generada por estos cambios puede debilitar la confianza de los inversionistas. La agencia sostiene que la independencia y estabilidad del sistema judicial son fundamentales para mantener un entorno favorable para las inversiones. La percepción de que el Poder Judicial podría ser influenciado políticamente a través de estas reformas podría llevar a una reevaluación del riesgo país por parte de los inversionistas internacionales.
Reacciones Políticas
Por su parte, el presidente López Obrador ha defendido la reforma como una medida necesaria para combatir la corrupción y democratizar el sistema judicial. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad, incluyendo jueces y magistrados, han manifestado su preocupación por la posible politización de la justicia.
Perspectivas a Futuro
La discusión en torno a la reforma judicial continuará siendo un tema central en la política mexicana. Fitch advierte que, de implementarse las reformas sin los debidos contrapesos y garantías de independencia, el impacto en la economía podría ser significativo. Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se desarrolla este debate y qué medidas se tomarán para mitigar los riesgos señalados por la agencia.
Esta situación pone de relieve la importancia de un diálogo inclusivo y transparente entre los diferentes actores políticos y sociales para asegurar que cualquier reforma fortalezca, y no debilite, el Estado de Derecho en México.
