La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha emitido un llamado urgente al gobierno mexicano para llevar a cabo una revisión profunda de la militarización de la seguridad pública en los estados. Esta petición surge ante la creciente preocupación por el impacto negativo de la presencia militar en las comunidades y los derechos humanos.
En su pronunciamiento, la ONU-DH subraya que la estrategia de seguridad basada en el despliegue de fuerzas armadas no ha logrado reducir la violencia y, en cambio, ha incrementado los riesgos para la población civil. La organización recomienda la implementación de políticas de seguridad que respeten los derechos humanos y que fortalezcan las capacidades de las policías civiles.
El organismo internacional también destaca la importancia de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en las operaciones de seguridad. Asimismo, insta a las autoridades mexicanas a adoptar medidas que aborden las causas estructurales de la violencia y la criminalidad, promoviendo el desarrollo social y económico de las comunidades afectadas.
Este llamado de la ONU-DH se produce en un contexto de intensificación de la militarización en varios estados de México, donde la violencia y la inseguridad continúan siendo problemas graves. La sociedad civil y diversas organizaciones han manifestado su apoyo a esta recomendación, abogando por un enfoque más integral y humano en la lucha contra la delincuencia.
