Miguel Ángel Yunes Linares denuncia persecución política contra su familia y lanza fuertes acusaciones contra el gobierno de Veracruz.
En conferencia de prensa, el exgobernador de Veracruz y senador suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que las acusaciones contra sus hijos, Miguel y Fernando Yunes Márquez, son una agresión personal y no un acto de justicia. Yunes Linares asegura que cobrará “la factura” en su momento.
Según Yunes, las acusaciones contra su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electo, están relacionadas con la validez de una constancia de domicilio que Morena cuestiona. Mientras que las denuncias contra Fernando Yunes Márquez, exalcalde de Veracruz, incluyen impedir la construcción de la Torre Centro y supuestamente obligar a un empleado a participar en campañas.
Yunes califica las denuncias de infundadas: El exgobernador asegura que las denuncias no tienen sustento y solo buscan evitar que sus hijos asuman sus cargos públicos. Yunes afirmó que las acusaciones no están relacionadas con desvío de recursos ni temas patrimoniales, sino que son una estrategia política para intimidar a la oposición.
Denuncia un equipo de persecución: Yunes detalló que se formó un equipo de persecución política, involucrando a altos funcionarios del gobierno estatal, fiscales y elementos de la policía ministerial, con el objetivo de llevar a su familia a la cárcel y usarla como ejemplo para otros opositores.
Fuerte respuesta de Yunes: El exgobernador aseguró que él y su familia se defenderán con todas las armas de la ley y que pasarán las facturas aunque sea lo último que haga. “No les tenemos miedo”, declaró.
Denuncias contra el gobernador Cuitláhuac García: Yunes reveló que ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por probable daño al erario público y abuso policial que resultó en la muerte de dos campesinos y lesiones a dos estudiantes.
Yunes acusa negligencia y abuso de poder: Las denuncias señalan que el gobernador no procedió al cobro de una pena contractual, resultando en pérdidas millonarias, y que justificó el uso excesivo de la fuerza en incidentes policiales con un inexistente “Código Rojo”.
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