La ONU ha dado un paso decisivo en la lucha contra la ciberdelincuencia al aprobar por unanimidad un tratado global que busca prevenir y combatir delitos como el abuso de menores y el blanqueo de capitales. Sin embargo, la controversia en torno a su implementación no se ha hecho esperar.
El tratado, que será presentado ante la Asamblea General para su ratificación, surge después de tres años de intensas negociaciones. Diseñado por un comité ‘ad hoc’ de la ONU, el acuerdo ha sido aclamado por su potencial para mejorar la eficiencia en la lucha contra los delitos cibernéticos, pero también ha generado preocupación entre activistas y defensores de derechos humanos.
Controversias y acusaciones
Rusia, que fue uno de los principales promotores de la iniciativa en 2017, ha expresado su descontento con el resultado final, alegando que el tratado está sobrecargado de salvaguardias de derechos humanos, las cuales, según ellos, limitan su efectividad. Además, Rusia ha acusado a ciertos países de utilizar el tratado para perseguir “objetivos egoístas” bajo la bandera de la democracia.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch han lanzado alarmas sobre los posibles riesgos que este tratado podría acarrear. “Prevemos que se enfrentará a una fuerte oposición debido a la amenaza que supone para los derechos humanos”, declaró Deborah Brown, directora adjunta del departamento de Tecnología de HRW.
¿Vigilancia mundial?
Los críticos señalan que el tratado podría ampliar significativamente la vigilancia gubernamental, especialmente en términos de cooperación internacional. Sin las salvaguardias adecuadas, advierten, esta herramienta podría ser utilizada por algunos gobiernos con fines represivos, transformándose en un mecanismo de “vigilancia global”.
Un futuro incierto
A medida que el tratado avance hacia su ratificación, el debate sobre su impacto real en la protección de los derechos humanos se intensificará. ¿Será este tratado una solución eficaz contra la ciberdelincuencia o un arma de doble filo en manos de los gobiernos?
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