Con un estruendoso “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, resonando en cada rincón del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la activista Tita Radilla Martínez dio inicio y cierre a la presentación del informe “Fue el Estado”, un documento que sacude las entrañas de la historia reciente de México. Este informe, de casi cinco mil cuartillas, es un relato escalofriante de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990.
Coordinado por los comisionados Abel Barrera Hernández, Carlos Pérez Ricart y David Fernández Dávalos, este extenso trabajo documenta la tragedia de más de 8,500 víctimas directas de desapariciones forzadas, tortura, y ejecuciones extrajudiciales, además de contabilizar a 123 mil personas desplazadas de sus hogares por la violencia estatal. En su interior, resuenan los testimonios de sobrevivientes, como el de Radilla, que llevan décadas luchando por la verdad y la justicia para sus seres queridos.
Durante la exposición, Jesús Peña Palacios, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebró la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico como un triunfo de las víctimas y sus familias. No obstante, no escatimó en críticas al señalar las barreras enfrentadas por los investigadores, particularmente la resistencia de las Fuerzas Armadas para colaborar y la falta de voluntad política para abrir archivos cruciales.
David Fernández, exrector de la Universidad Iberoamericana, lanzó una advertencia preocupante: las estructuras de la violencia estatal que se utilizaron en la represión siguen intactas. Este legado de impunidad y encubrimiento continúa perpetuando la violencia en el país, como lo demuestra el surgimiento de grupos criminales conformados por exmilitares, como Los Zetas.
Carlos Pérez Ricart denunció que, antes de que el gobierno de López Obrador asumiera el poder, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) purgó los archivos históricos, saqueando la memoria de México. Esta denuncia resalta la ineficacia de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) en su deber de buscar justicia para las víctimas.
El informe también incluye propuestas urgentes para evitar la repetición de estas atrocidades, como la desmilitarización gradual de la seguridad pública y la apertura de archivos clasificados. La presentación cerró con un emotivo reconocimiento a las víctimas y sus familias, especialmente a figuras como Tita Radilla, que lleva 50 años buscando a su padre desaparecido.
Este informe, con su devastador retrato de un periodo oscuro de la historia mexicana, no solo es un paso hacia la justicia, sino un grito de alerta para el futuro. Las historias de dolor y resistencia contenidas en sus páginas son un recordatorio de la importancia de no olvidar, para que el horror no se repita.
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