La reforma al Poder Judicial impulsada por el Gobierno Federal ha generado una fuerte polémica y preocupaciones serias entre expertos y juristas. La propuesta, que busca introducir la elección popular de jueces, magistrados y ministros, podría traer consecuencias devastadoras para la economía mexicana y poner en peligro la estabilidad del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, señaló que la elección popular en el Poder Judicial podría retrasar la resolución de juicios, lo que se traduciría en un menor crecimiento económico. Estudios del Banco de México ya han demostrado que la rapidez en la resolución de conflictos está directamente relacionada con el crecimiento económico. Sin embargo, la reforma podría estancar este progreso al abrir la puerta a juzgadores sin la experiencia ni la especialización necesarias en áreas críticas como energía, telecomunicaciones y propiedad intelectual.
La situación se torna aún más grave al considerar que esta reforma podría llevar a México a ser clasificado como una “economía de no mercado”, debido a la injerencia estatal en la regulación del ecosistema de negocios. Esta clasificación pondría en riesgo la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, tal como lo establece el T-MEC.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, advirtió que la reforma violenta tres capítulos clave del T-MEC: el 14 sobre inversiones, el 23 sobre temas laborales, y el 27 sobre políticas anticorrupción. Estos capítulos exigen la existencia de tribunales independientes e imparciales, una condición que no estaría garantizada bajo el nuevo esquema propuesto.
Las preocupaciones sobre la independencia judicial también se ven exacerbadas por el riesgo de injerencias externas, incluidas las del crimen organizado. Campos citó el caso de Estados Unidos, donde la elección de jueces estatales en 2021 costó cerca de 100 millones de dólares para tan solo 41 jueces. En México, el plan es elegir a casi 7 mil juzgadores, lo que podría desbordar las finanzas públicas y abrir un peligroso espacio a la corrupción.
Jorge Sepúlveda, secretario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, criticó duramente la reforma por no abordar la impunidad en el 94% de los casos y por la reducción presupuestaria que implicaría para el Poder Judicial. En un país donde ya se cuenta con solo cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del estándar internacional recomendado de 18, la reducción de recursos podría agravar aún más la crisis en la impartición de justicia.
La propuesta de reforma al Poder Judicial no solo pone en riesgo la estabilidad económica del país, sino que también podría desmantelar las bases de un sistema judicial independiente y eficiente. En un entorno donde la justicia es ya un recurso escaso, esta reforma podría ser el golpe final para un sistema que se tambalea.
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