Una alarma se ha encendido en la Ciudad de México tras la reciente modificación al artículo 3 de la Constitución capitalina, que elimina la mención directa de “propiedad privada”. Olga Lidia Treviño Berrones, magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado Auxiliar, advirtió que esta reforma, impulsada por el jefe de Gobierno Martí Batres y aprobada por el Congreso local, podría amenazar los derechos sobre la propiedad privada en la capital.
En entrevista con Radio Fórmula, Treviño explicó que el riesgo radica en cómo el Gobierno capitalino decida interpretar y aplicar la nueva redacción, la cual ahora establece el “respeto a la propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Federal”, omitiendo el término “privada”. Según la magistrada, esta modificación deja la puerta abierta para que el Gobierno pueda realizar expropiaciones o priorizar la propiedad social sobre la privada.
“Si el Gobierno decide interpretar la protección de la propiedad social por encima de la privada, pueden hacerlo”, advirtió Treviño. La magistrada también subrayó la necesidad de que el Poder Judicial mantenga su independencia para proteger a los ciudadanos de posibles abusos de poder.
El cambio ha generado preocupación en varios sectores, que temen que la eliminación explícita del “respeto a la propiedad privada” como principio rector sea el primer paso hacia una mayor intervención gubernamental en los derechos de los propietarios. Para Treviño, esto pone en riesgo la imparcialidad de los jueces, quienes, en caso de aprobarse la reforma judicial que contempla su elección mediante voto popular, podrían ser influenciados por intereses políticos.
El Gobierno de la Ciudad de México, por su parte, sostiene que la nueva redacción protege tanto la propiedad privada como la pública y social, conforme a los principios establecidos en la Constitución federal. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo se aplicarán estas normas sigue latente, especialmente en un contexto en el que la independencia del Poder Judicial está en el centro del debate nacional.
Con la reforma en vigor, la interpretación de las nuevas disposiciones será crucial para determinar si la propiedad privada en la capital realmente está en riesgo.
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