La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encendido una crisis constitucional que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poderes en México, advirtió José Jorge Martínez, abogado y consultor en asuntos públicos, en una reciente entrevista con Aristegui Noticias.
Martínez, quien ha seguido de cerca el conflicto entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, recordó que la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo no es un fenómeno nuevo, citando el caso de Carlos Salinas de Gortari, quien removió al entonces presidente de la Suprema Corte, Carlos del Río, sin mayores consecuencias. “No había mayor ruido porque finalmente la Corte terminaba doblegándose”, comentó.
Sin embargo, en la actualidad, la independencia del Poder Judicial está nuevamente en peligro. Martínez señaló que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha acusado al Poder Judicial de interferir en las decisiones del Legislativo, lo que podría llevar a la “abolición del juicio de amparo”, un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos en México.
El juicio de amparo, diseñado para cuestionar actos de autoridad, se encuentra en el centro de esta controversia. Martínez advirtió que su eliminación o debilitamiento sería un golpe severo a las garantías individuales y podría abrir la puerta a un incremento de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero la crisis no solo se limita al ámbito judicial. Según Martínez, la falta de comunicación efectiva por parte del Poder Judicial ha contribuido a una profunda desinformación entre la ciudadanía. “El Poder Judicial no actuó de una manera estratégica para comunicar a la sociedad su papel en la defensa de los derechos humanos”, lamentó.
El abogado subrayó que esta situación pone en riesgo las “decisiones fundamentales de la Constitución de 1917” y podría conducir a un escenario en el que la Constitución ya no rija las decisiones fundamentales del país. “Estaríamos ante una ruptura de la Constitución”, concluyó.
Con la eventual aprobación de la reforma, el futuro del Poder Judicial y la estabilidad constitucional de México se encuentran en una encrucijada crítica, donde las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían tener repercusiones profundas y duraderas.
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