La desaparición de Sandra Estefana Domínguez Martínez, una defensora de derechos humanos y activista indígena mixe, ha encendido la alarma en Oaxaca. La joven activista fue vista por última vez en las inmediaciones del municipio de María Lombardo, en los límites entre Oaxaca y Veracruz, el pasado viernes. Hoy, sus familiares y compañeros de lucha marcharon por las calles de la ciudad exigiendo su aparición con vida.
“Lo único que quiero es que me ayuden a encontrar a mi hija, la quiero viva”, imploró Araceli Martínez, madre de la activista, en una declaración llena de desesperación. Su pedido fue dirigido tanto al Gobierno de Oaxaca como a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se enfrenta a crecientes demandas para agilizar los protocolos de búsqueda.
El caso de Sandra ha generado una ola de indignación no solo por la desaparición, sino también por las circunstancias previas. Antes de desaparecer, Sandra había denunciado a Donato Vargas, exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y actual delegado de Paz del gobierno de Oaxaca, por presuntamente liderar un grupo de difusión de pornografía en WhatsApp titulado “Sierra XXX”. En dicho grupo, se compartían imágenes sin consentimiento de trabajadoras de la dependencia.
La desaparición de Domínguez Martínez se suma a una sombría lista de activistas desaparecidas en Oaxaca, entre ellas Irma Galindo y Claudia Uruchurtu, cuyos casos aún no han sido resueltos. “Ya no tengo vida, me falta mi hermana. No puedo dormir, pensando en qué le estarán haciendo”, expresó con dolor Kenia Domínguez, hermana de la activista desaparecida.
Organizaciones y activistas que acompañan a la familia han exigido la destitución inmediata de Donato Vargas, criticando que se le haya permitido ocupar un cargo público a pesar de las graves acusaciones en su contra. “Un violentador como él no puede estar en una posición de poder”, afirmó Yésica Sánchez Maya, coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Oaxaca.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de las defensoras de derechos humanos en México, una lucha que se enfrenta a la falta de acción por parte de las autoridades y a un creciente clima de impunidad.
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