La violencia desmedida en Tamaulipas cobró la vida de tres personas inocentes, incluyendo a una niña de tan solo ocho años, en incidentes que han generado indignación y reclamos de justicia. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional son responsables de las muertes, ocurridas en el marco de operativos de persecución de presuntos delincuentes.
El primer incidente ocurrió el 11 de octubre, cuando Yuriccie Rivera Elizalde, enfermera del IMSS, fue alcanzada por un disparo en la cabeza mientras transitaba en su vehículo por el fraccionamiento La Fe junto a su familia. Según testigos, los soldados dispararon indiscriminadamente sin advertir la presencia de civiles en la zona. El esposo de la víctima relató que no detuvieron el fuego hasta que él, desesperado, comenzó a gritar por ayuda.
Un día después, la tragedia volvió a golpear, esta vez en la comunidad de Palmares, cuando Lidia Galván Reséndez y su nieta Lidia Iris Fuentes Galván quedaron atrapadas en medio de una persecución entre la Guardia Nacional y presuntos delincuentes. A pesar de que la niña intentó refugiarse en el interior del auto, una bala terminó con su vida. Su abuela, en medio del dolor, narró cómo los militares, en lugar de auxiliarlas, solo pidieron perdón por el error.
El tercer fallecido fue Diego Alfredo, de 18 años, quien quedó atrapado en otra persecución en el mismo fraccionamiento. El joven, que había sido secuestrado y mostraba signos de tortura, fue alcanzado por las balas mientras los guardias perseguían a los sospechosos.
Exigencias de justicia y condena internacional
Amnistía Internacional condenó los hechos y pidió que el Estado Mexicano garantice justicia y reparación para las víctimas. Asimismo, exigió una investigación profunda, señalando la urgencia de esclarecer la verdad y procesar a los responsables. Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha emitido un comunicado oficial sobre los incidentes.
Los hechos ocurridos en Nuevo Laredo reflejan una preocupante realidad en la que la frontera entre el combate al crimen organizado y la seguridad de la población civil parece cada vez más borrosa. Las familias de las víctimas, junto con organismos de derechos humanos, piden que estos trágicos sucesos no queden impunes y exigen al gobierno mexicano una investigación que responda a la altura de la gravedad de los hechos.
Clamor por el cese de la violencia
En medio del dolor y la incertidumbre, la comunidad de Nuevo Laredo ha alzado la voz para exigir que estos actos de violencia desmedida no sigan cobrando la vida de inocentes. Las balas que deberían estar destinadas a frenar a los delincuentes, hoy han destruido familias y encendido una profunda indignación a nivel nacional.
La historia de Lidia Iris, la pequeña de ocho años cuya vida fue arrebatada en un instante, simboliza el trágico costo que la guerra contra el crimen está teniendo sobre quienes no tienen nada que ver con ella.
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