En medio de la controversia por la reforma al Poder Judicial, Nancy Juárez, jueza del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, lanzó una respuesta contundente al gobierno de Claudia Sheinbaum, asegurando que los jueces tienen la facultad constitucional de frenar actos que vulneren los derechos humanos. Esto, tras la negativa del gobierno federal de bajar la reforma del Diario Oficial de la Federación (DOF), a pesar de la orden emitida por el Poder Judicial.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, la jueza Juárez reafirmó su autoridad legal para dictar suspensiones, recordando que en México existen tres poderes con facultades distintas. “Una de las funciones del Poder Judicial es conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos”, señaló.
Advertencias sobre un país sin Estado de derecho
Juárez advirtió que la negativa del gobierno de acatar las suspensiones podría llevar a una situación de anarquía en el país. “Si no se cumplen las suspensiones, esto se traduce en una anarquía donde cada quien hace lo que quiere y las leyes dejan de respetarse”, sostuvo la jueza, subrayando la importancia del Estado de derecho.
“Estoy tranquila”, asegura la jueza ante posible denuncia
Ante la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum interponga una queja en su contra por su orden judicial, la jueza Juárez declaró que está tranquila. “Es un riesgo que corremos todos los juzgadores al ser independientes en nuestras decisiones. Pero mi actuación ha estado ajustada al marco legal desde que protesté como jueza hace 14 años”, comentó.
Además, Juárez mencionó que hasta el momento, el gobierno federal no ha presentado ningún recurso legal contra las suspensiones, por lo que sus resoluciones permanecen firmes y deben cumplirse. De no hacerlo, la jueza tiene la facultad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público por desacato.
Un debate que escala
Este conflicto ha puesto en la mira la independencia judicial y el respeto a las decisiones de los jueces, mientras que la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial sigue en aumento. ¿Será este un punto de inflexión en la relación entre ambos poderes? La respuesta podría definir el futuro de la justicia en el país.
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