La reciente reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa en México ha encendido las alarmas internacionales. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que esta medida podría vulnerar principios fundamentales de derechos humanos y no resolver los problemas de seguridad y justicia en el país.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos”, señaló Türk en un comunicado. Subrayó que esta medida debe aplicarse únicamente cuando una autoridad judicial lo justifique caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad.
Delitos añadidos y críticas internacionales
La reforma, aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y en análisis por el Senado, incluye delitos como extorsión, contrabando y ciertos ilícitos relacionados con drogas dentro de los cargos que ameritan prisión preventiva automática. Sin embargo, órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han señalado que esta práctica es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El camino correcto es fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y garantizar procesos judiciales sólidos, no recurrir a la detención como regla”, enfatizó Türk.
Preocupación por la independencia judicial
Además de la prisión preventiva, el alto comisionado alertó sobre otros aspectos de la reforma judicial aprobada en septiembre, como la elección popular de jueces y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. Türk advirtió que estas disposiciones podrían “socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender el Estado de derecho”.
Un llamado a replantear las reformas
La ONU insta a México a reconsiderar estas medidas, que, lejos de solucionar los desafíos de seguridad y justicia, podrían empeorar las condiciones del sistema legal y los derechos de los ciudadanos. Ante la presión internacional y las advertencias sobre su impacto, el debate en el Senado será crucial para definir el rumbo de la justicia en el país.
Esta reforma, calificada por expertos como un retroceso, plantea un dilema entre las promesas de justicia y seguridad y el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales. ¿Será posible encontrar un balance?
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