Con un llamado directo y contundente, Rita Bell y Norma de la Cruz, consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), pidieron a los diputados aprobar un presupuesto de 13,200 millones de pesos para garantizar la organización de las históricas elecciones judiciales del próximo 1 de junio. Las consejeras enfatizaron que esta asignación no es un capricho, sino un mandato constitucional que debe cumplir con los altos estándares que la ciudadanía mexicana exige.
“¿Cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial?”, cuestionó De la Cruz durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ambas funcionarias subrayaron que el proceso incluye la impresión de 600 millones de boletas, el doble de las necesarias en elecciones pasadas, y la logística para seis elecciones simultáneas, un desafío sin precedentes a nivel mundial.
Además, señalaron que, aunque el INE ya propuso recortes por más de 4,620 millones de pesos, el presupuesto base no puede reducirse sin comprometer la calidad del proceso. “Aquí no es una cuestión de costos o pesos, sino de garantizar que el primer proceso del Poder Judicial se realice con legitimidad”, afirmó De la Cruz, quien además recordó que no existen experiencias similares en otros países que sirvan como referencia.
La consejera Rita Bell destacó que el escenario es adverso, con tiempos ajustados tras la negativa del Senado a extender la convocatoria y con la necesidad de cumplir estándares operativos bajo amenazas y multas, lo que añade presión al proceso.
Las declaraciones generaron un fuerte contraste de opiniones en el Congreso. Mientras diputadas de oposición como Margarita Zavala aplaudieron el mensaje, representantes de la llamada 4T lo consideraron excesivo. Sin embargo, las consejeras insistieron en que no se trata solo de números, sino del valor de un proceso democrático confiable.
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