La reciente modificación al artículo 19 constitucional, que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva automática, ha desatado una ola de críticas encabezada por expertos en derechos humanos. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), advierte que esta reforma podría tener consecuencias devastadoras para la justicia en México.
Prisión preventiva: ¿herramienta de justicia o arma de corrupción?
Aguirre sostiene que la reforma no solo viola derechos humanos, sino que empodera a fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), instituciones que ya enfrentan serios señalamientos de corrupción e ineficiencia. “La prisión preventiva oficiosa le da herramientas ilegítimas al ministerio público, perpetuando prácticas como la extorsión y la tortura para fabricar casos”, afirmó el especialista.
Jueces atados de manos
Un elemento preocupante de la reforma es que impide a jueces y juezas interpretar la ley bajo el principio pro persona, lo que limita su capacidad para evaluar pruebas y conceder libertades provisionales, incluso en casos donde no existen evidencias sólidas. “Esto aumenta el riesgo de que personas inocentes sean encarceladas, como ocurrió con Jovita Flores, una indígena mixteca que pasó 10 años en prisión por una falsa acusación de secuestro”, destacó Aguirre.
Más impunidad, menos justicia
La principal causa de impunidad en México, según Aguirre, es la deficiente actuación de los ministerios públicos. Con la reforma, las fiscalías, que no han sido sometidas a procesos de mejora o rendición de cuentas, obtienen aún más poder para detener a personas sin pruebas suficientes.
Además, la elección de jueces y magistrados mediante listas filtradas por el Senado y la Cámara de Diputados podría incentivar decisiones influenciadas por intereses políticos, dificultando aún más la liberación de personas inocentes.
Un retroceso preocupante
La reforma al artículo 19 constitucional representa un paso atrás en la lucha por un sistema de justicia más justo y transparente. Mientras las fiscalías continúen operando con corrupción e ineficiencia, y los jueces sean limitados en su capacidad de actuar, el verdadero costo será pagado por los ciudadanos.
¿Es esta la justicia que necesita México?
La pregunta es: ¿será suficiente para una ciudad que sigue creciendo?
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