El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, minimizó la reciente declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, quien busca catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. “Que cada quien haga lo que quiera y llámele como quiera a sus grupos”, respondió el mandatario estatal durante una conferencia de prensa.
Soberanía mexicana en el centro del debate
Rocha Moya defendió la autonomía de México para abordar sus problemas internos, incluyendo el combate al crimen organizado, sin interferencias externas. “México, con su Constitución, tiene la facultad de hacer lo suyo en territorio mexicano. Aquí hacemos las denominaciones correspondientes”, subrayó.
Sinaloa en medio de una guerra interna
Mientras tanto, el estado enfrenta una violenta disputa interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y La Mayiza, vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada. Este conflicto ha dejado un creciente número de víctimas y desaparecidos, según colectivos de madres buscadoras.
El Cártel de Sinaloa, considerado uno de los más violentos del mundo, es señalado por Estados Unidos como uno de los principales distribuidores de fentanilo. Sin embargo, su impacto no solo se refleja en la violencia, sino también en la economía local.
Pérdidas millonarias y cierre de empresas
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la guerra interna del cártel ha provocado el cierre de al menos 108 empresas en los últimos dos meses, generando pérdidas económicas por más de 18 mil millones de pesos (aproximadamente 900 millones de dólares).
El panorama en Sinaloa muestra un claro deterioro en la estabilidad económica y social del estado, agravado por los enfrentamientos y el control territorial que buscan estas facciones.
Una estrategia nacional en entredicho
Las declaraciones del gobernador abren el debate sobre cómo México debe responder a las presiones externas, como la postura de Trump, y sobre la efectividad de las estrategias nacionales para enfrentar el crimen organizado.
Mientras tanto, las comunidades afectadas por la violencia y las pérdidas económicas esperan soluciones que devuelvan la estabilidad al estado.
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