El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reveló que investiga 300 expedientes relacionados con la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez, incluyendo un presunto caso de corrupción que involucra 200 contratos por más de 200 millones de pesos otorgados a empresas fantasma.
Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, Delia González Cobos, titular del ORFIS, informó que entre las empresas señaladas destaca “Soluciones y Milagros”, creada en 2019 por un militante de Morena, y que recibió contratos apenas tres meses después de su constitución.
El diputado priista Héctor Yunes Landa calificó la situación como un ejemplo de corrupción sistemática. “El gobierno de Cuitláhuac García es peor que el de Javier Duarte. Estas empresas no tienen actividad real, pero fueron beneficiadas con recursos públicos,” declaró.
Contratos a empresas sin actividad comercial real
Según Yunes Landa, “Soluciones y Milagros” tenía como objeto social la venta de ropa al mayoreo, pero fue contratada por la Secretaría de Educación de Veracruz para servicios tan diversos como la venta de folders, equipo médico, lapiceros y persianas.
La empresa está registrada en una vivienda en la colonia Murillo Vidal, que comparte espacio con una imprenta. Además, fue constituida como una sociedad de acción simplificada, un tipo de empresa que se puede crear en 24 horas sin necesidad de un notario, lo que facilita su operación rápida y sin demasiados controles.
ORFIS y ASF detectan irregularidades
González Cobos indicó que el caso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que las investigaciones avanzan. Sin embargo, aclaró que será el Congreso quien determine el seguimiento a las observaciones de daño patrimonial.
La sombra de la corrupción
Con estas acusaciones, la gestión de Cuitláhuac García Jiménez queda bajo una lupa pública, en especial por las comparaciones que Yunes Landa hizo con el gobierno de Javier Duarte, uno de los casos de corrupción más emblemáticos en Veracruz.
El avance de estas investigaciones podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de administraciones pasadas y actuales, dejando en evidencia los riesgos de sistemas que facilitan la creación de empresas para desviar recursos públicos.
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