En un inesperado giro, el gobierno de Donald Trump revirtió la suspensión de un programa crucial que proporciona asistencia legal a niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos. La medida, que había sido anunciada a inicios de la semana, generó una ola de críticas y preocupación por el impacto en miles de menores vulnerables.
El Acacia Center for Justice, organización encargada de coordinar estos servicios, confirmó que el gobierno federal autorizó la reanudación del programa. Gracias a este contrato de 200 millones de dólares, alrededor de 26,000 niños reciben representación legal y otros 100,000 acceden a formación jurídica mientras enfrentan procesos migratorios.
La suspensión inicial encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos. En menos de 48 horas, más de 15,000 ciudadanos enviaron cartas al Congreso exigiendo la reactivación del programa.
Aunque el programa ha sido restablecido, expertos advierten que la incertidumbre no ha terminado. Michael Lukens, director del Amica Center for Immigrant Rights, señaló que la situación sigue siendo preocupante: “El ataque a los niños migrantes no tiene precedentes. Si la suspensión se hubiera mantenido, habría dejado a miles de niños sin protección ni debido proceso”.
Este programa fue creado bajo la Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008, que exige que el gobierno garantice asistencia legal en casos de deportación. Sin embargo, la renovación de los fondos es una decisión anual y el actual contrato vence en marzo.
Defensores de los niños instan al gobierno a mantener el apoyo. “Es un momento crítico. No podemos permitir que ningún niño enfrente solo el sistema migratorio”, declaró Shaina Aber, directora de Acacia.
Por ahora, la presión social logró frenar la medida, pero la lucha por garantizar los derechos de los niños migrantes en EE.UU. está lejos de terminar.
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