La libertad de expresión en México enfrenta una nueva amenaza. Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, emprendió acciones legales contra siete periodistas y usuarios de redes sociales, acusándolos de daño moral por publicaciones que presuntamente afectaron sus finanzas.
Demanda millonaria por tuitear
Según la organización Artículo 19, el banco sostiene que una serie de publicaciones en X (antes Twitter) entre enero y febrero de 2024 provocaron una pérdida del 7% de sus depósitos, lo que derivó en demandas millonarias contra comunicadores como Jorge Gómez Naredo y Vicente Serrano.
La ONG alertó que este tipo de litigios no solo buscan reparación económica, sino silenciar voces críticas con el conocido efecto inhibitorio o chilling effect, que disuade a otros periodistas de publicar información de interés público por miedo a represalias.
La censura disfrazada de justicia
Pedro Cárdenas, representante de Artículo 19, denunció que los procesos legales contra periodistas han aumentado durante el sexenio de López Obrador, con un promedio de dos a tres casos mensuales. Más del 60% de estas demandas provienen de autoridades, mientras que el resto es impulsado por empresarios o figuras públicas con influencia política.
“Estamos viendo un abuso de la normativa para silenciar a quienes informan sobre asuntos de interés público”, afirmó Cárdenas.
Una amenaza que va más allá de los tribunales
La organización hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se basen en estándares internacionales de derechos humanos, como el principio de real malicia, que obliga a demostrar que la información falsa fue publicada con intención de causar daño.
Mientras la batalla legal continúa, el mensaje es claro: en México, la verdad también se disputa en los tribunales.
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