Por mayoría, consejeras y consejeros del INE rechazan exonerar a funcionario acusado de hostigamiento sexual; el caso seguirá abierto
Un caso de presunto acoso sexual y laboral en el Instituto Electoral de Veracruz acaba de sacudir los cimientos del Instituto Nacional Electoral (INE) y reavivar un viejo debate: ¿qué tan difícil es para una mujer probar que fue víctima?
Con siete votos en contra y cuatro a favor, el Consejo General del INE decidió no exonerar al consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien enfrenta una denuncia desde 2024 por parte de una trabajadora del OPLE. En lugar de archivar el caso, el INE determinó profundizar las investigaciones durante dos meses más.
La denuncia detalla dos episodios: uno en un bar de Xalapa y otro en la oficina del consejero. En ambos, el funcionario habría insinuado una relación íntima, que fue rechazada por la denunciante. Luego, según su testimonio, llegaron las represalias: señalamientos sobre su desempeño, presiones laborales y advertencias veladas.
Aunque el proyecto inicial proponía cerrar el caso por “falta de pruebas”, varias consejeras —entre ellas Carla Humphrey y Dania Ravel— lo calificaron de “pobre, sin perspectiva de género” y basado en una lógica absurda que parece exigir “pruebas irrebatibles de hechos que ocurren en secreto”.
“¿Tiene que llevar una cámara escondida para que le crean?”, preguntó Dania Ravel durante la sesión.
El consejero acusado negó todo, presentó videos y testimonios que lo desmarcan de los señalamientos, y defendió que su trato con la denunciante fue “estrictamente laboral”. Sin embargo, los argumentos no convencieron a la mayoría del Consejo, que decidió devolver el caso a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para nuevas diligencias.
Además, las consejeras urgieron a resolver el asunto antes de junio, cuando concluye el mandato del consejero acusado.
“Ya ha pasado suficiente tiempo, no podemos permitir que este caso quede impune por simple desgaste institucional”, advirtió la consejera Rita Bell López.
El caso no solo pone el foco en una posible conducta inapropiada dentro del OPLE de Veracruz, sino también en la forma en que las instituciones evalúan las denuncias por violencia de género, especialmente cuando las pruebas son difíciles de obtener.
El debate está servido. ¿Debería cambiar el INE sus criterios para investigar este tipo de denuncias? ¿Te ha tocado enfrentar una situación similar en el trabajo? #JusticiaSinCámara
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