Una tormenta política y judicial sacude las elecciones del 1 de junio. La magistrada María Emilia Molina lanzó duras críticas al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por minimizar el escándalo de los candidatos vinculados al crimen organizado.
“Ya no están queriendo acceder, como dice el senador… ya accedieron, ¡estarán en las boletas!”, sentenció Molina en su cuenta oficial de X, acusando falta de filtros y omisión deliberada del Senado.
El foco se encendió tras las declaraciones de Noroña, quien admitió que se detectaron aspirantes con antecedentes de defender o liberar a narcotraficantes. Entre ellos destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Francisco Herrera Franco, exfiscal apodado “el fiscal del terror”, vinculado a crímenes de periodistas en Michoacán.
El colectivo civil Defensorxs reveló al menos 13 candidatos con señalamientos por delitos sexuales, nexos con sectas político-religiosas y organizaciones criminales. La plataforma “Justicia en la mira” exhibe sus perfiles.
Mientras la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, asegura que la evaluación de los candidatos fue responsabilidad del Senado, Molina refuta: “No hubo evaluación real del Poder Judicial. Fue el Senado quien decidió las candidaturas, sin filtros”.
La falta de transparencia y los cuestionamientos sobre probidad se suman al riesgo de que el crimen organizado infiltre cargos clave en la justicia mexicana. A tan solo semanas de los comicios, la incertidumbre crece.
¿La justicia está en manos limpias… o ya manchadas?
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