La primera elección judicial en México ha despertado más alarmas que aplausos. La organización civil Defensorxs anunció que interpondrá una nueva denuncia contra 13 candidatos que buscan integrarse al Poder Judicial… pero con un pasado (y presente) lleno de sombras.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización, encendió la mecha a través de un video difundido en redes sociales, en el que detalló los perfiles de seis aspirantes que, asegura, tienen ligas directas con el crimen organizado. “Hemos expuesto a seis narcocandidatos, y estamos a punto de sacarlos de la boleta”, advirtió.
La bomba estalló después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara en su conferencia matutina que si se detectan irregularidades, el Tribunal Electoral debe intervenir para evaluar y, si procede, descalificar a los involucrados. “Le tomamos la palabra a la presidenta”, respondió Meza.
Los nombres y acusaciones no tardaron en surgir:
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Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Fernando Escamilla Villarreal, presunto defensor del capo “Z-40”, además con antecedentes por portación ilegal de armas.
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Jesús Humberto Padilla López, detenido con drogas y armamento.
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Francisco Herrera Franco, apodado “el fiscal del terror”, señalado por su posible implicación en el asesinato de dos periodistas en Michoacán.
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Nicollino Cangiamilla, acusado por la desaparición de un periodista.
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Andrés Montoya, implicado en el encubrimiento de un feminicidio.
El escándalo llega en un momento crítico, pues se trata de la primera vez que se elegirán jueces por voto popular, un proceso que, según sus críticos, abrió la puerta a candidatos sin controles reales de evaluación.
Mientras la ciudadanía exige transparencia, el caso promete sacudir las boletas… y quizás cambiar el rumbo de esta inédita elección judicial.
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