A casi un año de haber denunciado tortura a manos de policías ministeriales, Diego, un hombre indígena ñuhú, podría ver cómo la justicia le da la espalda. La Fiscalía de Veracruz, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, pretende cerrar la carpeta de investigación sin castigar a los responsables, pese a contar con pruebas, peritajes y su testimonio ratificado.
El caso estremece no solo por la brutalidad, sino porque reproduce un patrón sistemático de impunidad y discriminación. Diego fue testigo de un crimen el 29 de mayo de 2023 y, en vez de ser protegido, fue detenido, torturado e interrogado bajo coacción para incriminar a otra persona. Además, su testimonio fue alterado y traducido al español sin intérprete, lo cual violó su derecho a declarar en su lengua materna, el ñuhú.
El dato escalofriante: Veracruz ocupa el primer lugar nacional en número de víctimas de tortura, con 4,061 personas entre 2019 y 2024, según cifras del Registro Nacional del Delito de Tortura. La Policía Ministerial es la institución más señalada, y las personas indígenas están entre las más afectadas.
El expediente XAL/FIM/FEIDT/219/2023 fue abierto tras la denuncia de Diego, pero la fiscalía permaneció inactiva hasta que un amparo la obligó a actuar. Sin embargo, el pasado 25 de marzo notificaron la intención de cerrar el caso, ignorando pruebas fundamentales.
“No es un caso aislado”, alertan organizaciones como el Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte, que exigen a la fiscal general una investigación con enfoque intercultural y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su par en la Ciudad de México siguen investigando el caso, con la aplicación del Protocolo de Estambul.
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