En una sesión cargada de tensiones, el Instituto Nacional Electoral (INE) le dijo “no” a la petición de los legisladores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, quienes buscaban que se anularan las candidaturas de 26 aspirantes a jueces y magistrados señalados por vínculos con el crimen organizado o por no cumplir requisitos mínimos.
El motivo: el INE no tiene facultades legales para tumbar esas postulaciones.
Los consejeros fueron claros. “Se nos quiere hacer responsables de algo que no nos toca”, reclamó la consejera Dania Ravel, recordando que los perfiles ya fueron aprobados por comités del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y lo peor: algunos de estos candidatos ni siquiera alcanzaron el promedio mínimo para postularse o arrastran investigaciones abiertas.
Uno de los casos más polémicos es el de Fernando Escamilla, abogado del líder criminal conocido como “Z40”. A pesar de su historial, fue avalado por el comité del Poder Ejecutivo. En total, 18 de los cuestionados han sido investigados por la FGR o ligados al crimen organizado.
“No es responsabilidad del INE revisar esas candidaturas; eso le tocaba a quienes los seleccionaron”, subrayó el consejero Uuc-kib Espadas.
Aunque el INE no retirará las candidaturas, sí exigió al Congreso información sobre estos perfiles para impedirles recibir constancias de elección en caso de ganar en las urnas el próximo 1 de junio.
¿Quién vigila a los vigilantes? La polémica revela un agujero negro en la selección de quienes aspiran a impartir justicia en México. Y lo más grave: si nadie actúa a tiempo, podrían llegar al poder perfiles ligados a la ilegalidad.
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