El núcleo del conflicto: una prórroga cuestionada
En un movimiento sin precedentes, el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, solicitó el 29 de mayo a la Junta de Gobierno una prórroga de cuatro años para mantenerse en el cargo, evitando el proceso de convocatoria ordinaria. Su argumento se apoya en los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica, que permiten una única prórroga del mandato rectoral. Sin embargo, esta solicitud choca frontalmente con otro requisito legal: el límite de edad de 65 años para aspirar al cargo, que Aguilar incumple actualmente.
La jugada es clara: si la Junta acepta su petición, Aguilar evitaría someterse a una nueva convocatoria donde sería inelegible por edad. Como señaló el aspirante a rector Jorge Manzo Denes: “Es ilegítimo y violenta la ley. […] Jurídicamente es inelegible”.
La resistencia: exrectores, académicos y estudiantes en pie de guerra
La reacción no se hizo esperar:
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Tres exrectores (Víctor Arredondo, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara) publicaron una carta abierta exigiendo apego estricto a la normativa: “Cualquier desvío […] puede poner en entredicho la autonomía universitaria”.
- Aspirantes a la rectoría como Rafael Vela Martínez denuncian que Aguilar busca “evadir la evaluación de su gestión”, marcada por “autoritarismo, opacidad presupuestal y deterioro académico”.
- La comunidad universitaria convocó una marcha para el 9 de junio en Xalapa, rechazando lo que consideran un intento de perpetuación en el poder.
“La UV no puede ser rehén de intereses personales. Esta pretensión desestabiliza a nuestra alma máter” — Dr. Jorge Manzo Denes, aspirante a Rector.
El declive institucional: telón de fondo de la crisis
Los críticos señalan que la gestión de Aguilar ha coincidido con una caída histórica en los rankings universitarios: del puesto 10 al 32 entre universidades públicas mexicanas. Además, se acumulan denuncias sobre:
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Opacidad en el manejo de recursos.
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Simulación y fractura interna.
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Presiones a la Junta de Gobierno para validar la prórroga, según el académico Rafael Vela.
La respuesta institucional: entre la ambigüedad y la presión
Frente a la polémica, la Junta de Gobierno adoptó una postura técnico-procedimental:
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Admitió a trámite la solicitud el 3 de junio, solicitando información complementaria a Aguilar.
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Anunció una consulta a la comunidad universitaria del 10 al 13 de junio (híbrida y presencial), preguntando si se aprueba la prórroga “con fundamento en la ley”.
Sin embargo, la consulta omite deliberadamente el conflicto de fondo: la inelegibilidad por edad. Como señalan críticos, la pregunta está redactada para evadir el dilema jurídico central.
El trasfondo político: sombras de la 4T
Fuentes internas vinculan la estrategia de Aguilar con su pertenencia al proyecto de la Cuarta Transformación (4T). Un artículo de Gobernantes.com lo describe como “militante de la 4T” y advierte: “Todo lo que toca la 4T lo convierte en mierda. Ese sería el futuro de la UV”. Esta conexión política alimenta sospechas de que el gobierno estatal podría respaldar su continuidad, pese al costo institucional.
¿Qué sigue? Autonomía universitaria en la cuerda floja
El desenlace dependerá de tres factores clave:
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La consulta del 10-13 de junio, cuyos resultados –no vinculantes– podrían ser instrumentalizados para justificar la prórroga.
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La presión social, con marchas estudiantiles y posicionamientos de exintegrantes de la Junta de Gobierno que exigen transparencia.
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La resolución final de la Junta de Gobierno, prevista para después de la consulta. Si rechaza la prórroga, deberá emitir una convocatoria para nuevo rector antes del 31 de agosto.
Conclusión: una universidad en la encrucijada
El intento de Martín Aguilar por extender su rectoría más allá de los límites legales no es solo una batalla por el poder: es un test de estrés para la autonomía universitaria. Como sintetiza el exrector Raúl Arias Lovillo: “Hoy se juega el futuro de las próximas generaciones universitarias”.
La UV, una de las instituciones educativas más importantes de México, enfrenta así un dilema existencial: ceder ante una interpretación legal conveniente o defender su normativa frente al personalismo. El resultado definirá si la ley universitaria es un marco sagrado o un obstáculo eludible.
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