El detonante: redadas masivas y resistencia comunitaria
En la madrugada del 8 de junio de 2025, Los Ángeles amaneció bajo una presencia militar inédita en décadas. 300 efectivos de la Guardia Nacional —pertenecientes a la 79ª Brigada de Infantería— se desplegaron en tres puntos estratégicos: el complejo federal del centro (hogar del Centro de Detención Metropolitano), la calle Alameda y la ciudad de Paramount. Su misión: “controlar la anarquía”, según el memorando firmado horas antes por el presidente Donald Trump, que autorizaba el envío de 2,000 soldados en total.
Este operativo respondía a dos días de protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que detuvieron a al menos 65 trabajadores —en su mayoría mexicanos— en una empresa de Paramount, además de decenas más en supermercados y una tienda de donas. Las imágenes de vehículos federales sin distintivos y agentes con equipamiento táctico desataron la indignación. “¡Aquí anda la migra!”, alertaban mensajes en redes sociales, mientras manifestantes bloqueaban camionetas con gritos de “¡Fuera ICE!”.
Choques y represión: la escalada de violencia
El sábado 7 de junio, la tensión explotó cerca de un Home Depot en Paramount. Cientos de manifestantes —incluyendo familias de migrantes y activistas— enfrentaron a agentes federales que respondieron con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma 28. Un automóvil fue incendiado, y calles enteras quedaron cubiertas de humo y escombros.
“Sea que nos lastimen, sea que nos lancen gas, da igual lo que nos arrojen. Nunca nos detendrán. Todo lo que nos queda es nuestra voz”, declaró una joven residente de ascendencia migrante a la AFP, mientras las luces de emergencia titilaban a su alrededor.
Entre los heridos estuvo David Huerta, presidente de un sindicato de empleados, detenido mientras documentaba una redada. El Departamento del Sheriff reportó dos arrestos y varios agentes federales lesionados.
La respuesta federal: militarización y amenazas
La administración Trump justificó el despliegue como una medida contra la “izquierda radical” y los “alborotadores pagados”. En sus redes sociales, Trump acusó al gobernador Gavin Newsom y a la alcaldesa Karen Bass de incapacidad, prometiendo prohibir el uso de máscaras en protestas y advirtiendo: “¡Gracias a la Guardia Nacional por un trabajo bien hecho!”.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, aseguró que los soldados estaban “entrenados para controlar multitudes” y evitarían “otro 2020” —en referencia a las protestas por George Floyd— 35. Pero la amenaza escaló con Tom Homan, “zar fronterizo” de Trump, quien advirtió que Bass y Newsom “podrían enfrentar arrestos si se exceden” al proteger migrantes .
Descontento local: “Es una pose provocadora”
Autoridades californianas rechazaron la narrativa federal. La alcaldesa Bass tildó el despliegue de “completamente innecesario”, señalando que las protestas del sábado fueron “relativamente menores” (unos 100 manifestantes) y que la ciudad “estaba en paz”. El gobernador Newsom lo calificó de “intencionalmente provocador”, acusando a Trump de crear un “espectáculo” para tensionar la ciudad.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a consulados para ubicar a connacionales detenidos, mientras la Cancillería exigía garantías para sus derechos 1. El congresista Jimmy Gómez denunció condiciones “aterrorizantes” en centros de detención: “Hacinamiento, sin comida ni agua… estamos siendo bloqueados para verificar”.
Contexto político: migración bajo la lupa
Estos eventos ocurren en el marco de la política de “tolerancia cero” de Trump, quien prometió en su campaña deportaciones masivas. Las redadas apuntaron deliberadamente a “ciudades santuario” como Los Ángeles, donde líderes demócratas limitan la cooperación con ICE 68. Activistas como Jorge Mario Cabrera (CHIRLA) ven esto como una estrategia para presionar al Senado y aprobar fondos millonarios para agencias migratorias.
¿Qué sigue?
Con nuevas protestas convocadas para el domingo, la Guardia Nacional permanecerá al menos 60 días en la ciudad. Mientras Pete Hegseth, secretario de Defensa, amenaza con movilizar a los marines de Camp Pendleton si la violencia persiste, la comunidad migrante insiste en su resistencia: “En Los Ángeles defendemos a nuestra gente a cualquier hora“, declaró Ron Góchez de Unión del Barrio.
Esta madrugada no solo marca un giro en la gestión de protestas sociales en EE.UU., sino que expone la fractura entre un gobierno federal decidido a imponer su agenda migratoria y una ciudad que se declara santuario de humanidad.
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