La elección judicial del pasado 1 de junio ha detonado una tormenta internacional: México es ya objeto de investigaciones y denuncias en organismos de derechos humanos, tras múltiples irregularidades que, según expertos, representan un golpe directo a la independencia judicial y una posible “captura del Poder Judicial” por parte del partido Morena.
Organismos como la CIDH, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia han puesto sus ojos sobre el país, tras documentarse el despido masivo de jueces y la imposición de nuevos magistrados cercanos al gobierno.
Reforma judicial en la mira
La experta del ITESO, Azul Aguiar, asegura que la reforma viola acuerdos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que destruye el principio de separación de poderes. “Es la toma del Poder Judicial por el partido en el poder”, sentenció.
La peruana Úrsula Indacochea, quien observó el proceso en México, fue más allá: “La justicia mexicana podría quedar infiltrada por el crimen organizado con este modelo electoral”.
Denuncias ya llegaron a la CIDH y la ONU
14 jueces federales han presentado ya una denuncia formal ante la CIDH exigiendo reparación por despido injustificado, daño a su imagen y violación de sus derechos humanos. El caso fue asumido por el prestigioso Vance Center for International Justice de Nueva York, que busca sentar precedentes contra la politización judicial.
Por su parte, la Jufed, agrupación nacional de jueces, logró que la ONU admitiera otra denuncia por “grave afectación a la independencia judicial”.
¿Quiénes llegaron al poder judicial?
Organizaciones civiles advierten que entre los nuevos jueces hay miembros de la secta La Luz del Mundo y hasta acusados de tortura, lo que ha encendido aún más las alarmas internacionales.
La abogada Susana Camacho, de México Evalúa, denuncia: “Esta reforma es un experimento peligroso que puede ser imitado por gobiernos autoritarios. Lo que vimos el 1 de junio fue una elección a modo, sin transparencia ni garantías democráticas”.
Lo que viene: indemnizaciones millonarias y escrutinio global
Si los organismos internacionales confirman las violaciones, el Estado mexicano podría enfrentar condenas históricas, con indemnizaciones millonarias para más de 7 mil jueces cesados y exigencias de reformas legales.
Pese a las advertencias, el gobierno mexicano ha mostrado desdén ante las recomendaciones. La presidenta Sheinbaum descalificó el informe preliminar de la OEA, que pide no replicar este modelo en otros países.
México, ¿referente democrático o caso de advertencia?
Para Indacochea, México “se lanzó al abismo” al politizar la justicia. Lo que venga dependerá de la presión global… y de cuántas más voces se sumen a la denuncia.
¿Qué opinas de que los jueces sean elegidos por voto popular?
¿Democracia o manipulación?
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