Un nuevo y contundente golpe al mercado negro de hidrocarburos fue asestado este miércoles por autoridades federales y estatales, al decomisar más de 1.2 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en un predio del municipio de Allende, Nuevo León.
El operativo, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), incluyó la participación de la FGR, Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Fuerza Civil del estado. La intervención se realizó tras una orden de cateo autorizada por un juez, derivada de labores de inteligencia, vigilancia fija y aérea.
El hallazgo
El inmueble cateado se encontraba en la colonia El Maguey, sobre la calle Progreso. En su interior, se encontraron 10 contenedores móviles, 10 pipas, un tractocamión, seis tanques cilíndricos y bidones con capacidad de hasta mil litros.
Todo el sitio operaba sin medidas de seguridad, lo que representaba un riesgo significativo para la población circundante.
“En seguimiento a las acciones para inhibir el robo de combustible en el país, aseguramos más de un millón 200 mil litros de hidrocarburo”, anunció el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en redes sociales.
Otro golpe en Veracruz
Este nuevo decomiso ocurre pocos días después del cateo en Coatzacoalcos, Veracruz, donde fueron recuperados más de 500 mil litros de crudo y desmantelada una refinería ilegal que producía diésel artesanal y otros derivados del petróleo.
Ambos operativos reflejan la intensificación de los esfuerzos del gobierno federal para frenar el huachicol, una de las actividades ilícitas que más daño genera al erario, al medio ambiente y a la seguridad ciudadana.
Predio asegurado y en investigación
Tras el operativo, el inmueble en Allende fue sellado y quedó bajo resguardo policial, mientras el Ministerio Público continúa integrando la carpeta de investigación correspondiente.
“Cero tolerancia al robo de combustibles”
El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente para desmantelar estas redes criminales que lucran con la venta de combustibles robados, un negocio que representa millones de pesos en pérdidas para el país.
La estrategia también busca reducir riesgos ambientales y garantizar condiciones de seguridad tanto para la población como para los trabajadores del sector energético.
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