En una maniobra que sacude los cimientos del sistema electoral mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino de manera directa en el proceso de selección de nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al ordenar la entrega inmediata del expediente sobre la impugnación a dicha elección.
La disputa comenzó cuando el Consejo Nacional de Litigio Estratégico acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar fuera de la ley al enviar la impugnación al TEPJF en lugar de a la Suprema Corte, violando el artículo 96 de la Constitución, que establece que es el máximo tribunal constitucional el único competente para revisar estos casos.
El conflicto legal gira en torno a la elección de magistrados realizada el 1 de junio, cuyos resultados fueron ratificados por el INE. Sin embargo, la asociación civil considera ilegal la intervención del magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien habría formado el expediente SUP-JIN-338/2025, un hecho que detonó la queja ante la SCJN.
La Corte respondió contundente este jueves al requerir a la Sala Superior del TEPJF la entrega inmediata del expediente para ejercer plena jurisdicción sobre el caso.
“Para estar en condiciones de ejercer jurisdicción respecto de dicho asunto de su competencia”, ordena el acuerdo de la SCJN.
Contra reloj: plazo límite el 1 de septiembre
La tensión aumenta, ya que la resolución debe llegar antes del 1 de septiembre, cuando el Senado tomará protesta a los magistrados electos. La decisión de la Corte podría invalidar el proceso de designación y frenar la toma de protesta, lo que pondría en jaque la estabilidad del órgano electoral en plena antesala del ciclo postelectoral.
⚖️ ¿Crisis constitucional en puerta?
La intervención de la Corte pone en evidencia un posible conflicto entre poderes y deja al descubierto las fisuras en el diseño legal del sistema electoral. ¿Fue una invasión de facultades del INE? ¿El TEPJF actuó fuera de sus límites? Las respuestas están en manos de los ministros.
El país observa con atención el desenlace de este capítulo, que no solo afecta el equilibrio institucional, sino que podría redefinir la ruta de la justicia electoral en México.
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