El miedo no se ha ido, pero ahora está acompañado de rabia. Gabriel Hernández, miembro del colectivo de búsqueda de desaparecidos 10 de Marzo A.C., fue asesinado brutalmente la noche del miércoles en la colonia Loma Real, luego de ser perseguido por hombres armados cuando se trasladaba en su camioneta.
Aunque el activista contaba con una orden judicial de protección emitida desde abril, esta nunca fue cumplida por la Fiscalía estatal, denunciaron familiares y compañeros. “Con su vida arrebatada, dejamos el precedente de la falla sistemática del Estado mexicano para protegernos”, expresó el colectivo en un comunicado.
Secuestrado por el narco… y luego ignorado por el Estado
Gabriel no era una voz anónima. En 2021 fue secuestrado durante casi un mes por presuntos miembros del Cártel del Golfo, y tras recuperar su libertad, denunció públicamente los operativos, amenazas y métodos de tortura de ese grupo delictivo. Incluso identificó víctimas desaparecidas durante su cautiverio y pidió ayuda directa al entonces presidente López Obrador.
Uno de los testimonios que estremecieron a la opinión pública fue el de un sicario que le advirtió:
“Decía ‘La Chispa’ que dejara las cosas como están, o la gente de ‘Miguelito’ iba a rafaguearnos en Reynosa”.
Medidas que no llegaron… hasta su muerte
Desde abril, un juez federal ordenó medidas de protección para Gabriel, mismas que fueron ignoradas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. El miércoles por la noche, su camioneta fue acribillada y terminó estrellada en un canal de aguas negras.
Tras su ejecución, el colectivo pidió intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum para depurar el inoperante Mecanismo de Protección Federal. También solicitaron atención urgente para otros buscadores en riesgo, entre ellos una pareja con orden judicial de protección desde el 10 de julio que aún no ha sido reubicada fuera de Reynosa.
Silencio oficial… e indignación creciente
Hasta ahora, las autoridades no han dado ninguna declaración sobre el asesinato de Gabriel. Pero las organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y periodistas ya alzaron la voz:
“No queremos más madres, ni más buscadores asesinados. ¡Basta ya!”
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