Una sentencia judicial encendió las alarmas en México: el periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna están oficialmente censurados. Así lo denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que calificó el fallo como un ataque frontal a la libertad de expresión.
La orden judicial obliga al medio a someter a revisión previa cualquier artículo que mencione a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y extiende esa restricción al periodista González Valdez, quien dejó de dirigir el diario en 2017.
“El fallo no es otra cosa que censura descarada. Es un intento judicial por silenciar a la prensa crítica”, advirtió Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
Y es que esta no es la primera vez. En junio, Sansores demandó a González y Tribuna por “incitación al odio” y “daño moral”, sin aclarar qué reportajes la motivaron. Un juez incluso ordenó un pago millonario de 2 millones de pesos y la prohibición de mencionar su nombre en futuras publicaciones. Dicha sentencia fue suspendida el 9 de julio tras un amparo presentado por González, quien apeló a la prohibición constitucional de la censura previa.
Sin embargo, el nuevo fallo parece ignorar el precedente y revive el cerco legal contra la prensa local, lo que el CPJ describe como parte de un preocupante patrón en México: el lawfare o acoso judicial como arma para silenciar medios incómodos.
“El mensaje es claro: quien critique al poder, paga las consecuencias”, alertó el organismo.
La libertad de prensa en Campeche —y en México— pende de un hilo.
¿Quién será el siguiente en ser silenciado?
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