A menos de tres meses de haber nacido, el organismo que sustituyó al INAI, bautizado como Transparencia para el Pueblo, ya se ganó otro apodo: la muralla del silencio. Según Artículo 19, este nuevo ente ha tirado a la basura el 99.6% de los recursos de revisión que recibió, dejando a miles de ciudadanos sin respuesta y apagando, de golpe, un derecho que costó décadas conseguir: el acceso a la información pública.
En cifras, el desastre es brutal: de 2,253 recursos recibidos, apenas 457 fueron “resueltos”, pero casi todos, 455, fueron rechazados por tecnicismos y formalismos absurdos. El argumento estrella: que los solicitantes no cumplieron con requisitos legales o no contestaron a tiempo, sin que el organismo hiciera el mínimo esfuerzo para orientarlos.
La organización advierte que este comportamiento viola la Ley General de Transparencia, que obliga a la autoridad a suplir deficiencias y evitar que simples errores de forma se conviertan en excusas para cerrar casos.
El golpe a la confianza ciudadana es todavía más duro porque, a diferencia del extinto INAI —autónomo por ley—, Transparencia para el Pueblo depende directamente del Poder Ejecutivo federal, levantando sospechas de que no sea un árbitro imparcial, sino un filtro político para enterrar lo que el gobierno no quiere que se sepa.
En redes sociales, Artículo 19 no se guardó nada:
“En lugar de garantizar el derecho, Transparencia para el Pueblo se ha convertido en un muro burocrático”.
Lo que se prometía como un nuevo modelo para “acercar la transparencia a la gente” hoy parece el sueño húmedo de cualquier funcionario que quiera blindar secretos y enterrar escándalos.
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