El expediente de Pío López Obrador terminó en carpetazo, pero no sin dejar en evidencia lo que consejeros del INE describieron como un auténtico muro de opacidad levantado por las instituciones del propio gobierno.
Carla Humphrey, consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización, reveló que la Unidad Técnica de Fiscalización pidió información a todas las instancias posibles: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF, el Tribunal de Justicia de CDMX, Morena y hasta los propios protagonistas de los videos, David León y el hermano incómodo del expresidente. ¿El resultado? Silencio absoluto y cero respuestas claras sobre el dinero que se observó en los paquetes de efectivo.
La puntilla vino de la Fiscalía Electoral, que no solo se negó a cooperar durante meses, sino que cuando finalmente entregó información lo hizo para descartar acción penal, respaldándose en un peritaje que puso en duda los videos difundidos en 2020 por Latinus: supuestos cortes, audios “inentendibles” y la posibilidad de manipulación. Un veredicto hecho a la medida para enterrar cualquier investigación.
El consejero Jaime Rivera recordó que incluso fue necesaria la intervención de la Suprema Corte para obligar a la Fisel a entregar documentos, los cuales resultaron inútiles: nada sobre el origen, monto ni destino del dinero.
Así, el INE cerró el caso admitiendo que la justicia no siempre coincide con la realidad, y que sin pruebas “oficiales” no podía sancionar a Pío López Obrador, a David León ni a Morena. El único paso adicional fue dar vista al Consejo de la Judicatura de CDMX por la negativa del tribunal capitalino a colaborar.
El mensaje es brutal: en México, los videos pueden mostrar fajos de billetes, pero sin rastro bancario ni registro contable, la ley se declara ciega.
¡Gracias por ser parte de la Experiencia de la Libertad con la comunidad de Agendamx!
¡Visita y suscríbete a nuestro canal en Youtube, dando click a la imagen!
