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Lo que parecía un escándalo exclusivo de Tabasco ahora se repite en Veracruz: Gonzalo Pardo, el empresario constructor que amasó fortunas con contratos inflados en la SEDATU y con los amigos de Andy López Obrador, se convirtió en el verdadero dueño de las obras del Poder Judicial del Estado (PJE).
Fuentes internas revelan que ningún ladrillo se mueve sin la bendición de Pardo. Su estrategia fue colocar a su incondicional, el arquitecto Isaí Suárez, como jefe de obras y mantenimiento del PJE. Desde ese puesto controla adjudicaciones millonarias sin licitación ni transparencia.
La prueba más escandalosa es la Ciudad Judicial de Coatzacoalcos, un proyecto de 100 millones de pesos autorizado “a la brava”, sin proyecto ejecutivo ni concurso público. Un cheque en blanco.
Mientras tanto, Suárez, que hasta hace poco era un empleado más, ya se dio el lujo de comprarse una casa de 3 millones de pesos. Todo indica que es solo el inicio de un sexenio de negocios sucios y fortunas exprés al amparo del Poder Judicial.
La pregunta es: ¿hasta cuándo seguirá Veracruz siendo el paraíso de la corrupción con dinero público?
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