La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró su ciclo entre polémicas y pendientes. En su informe final, el ministro Javier Laynez Potisek exhibió lo que ya muchos en el Poder Judicial comentaban en voz baja: la ministra Lenia Batres Guadarrama, cercana a la 4T, fue quien más casos dejó sin resolver.
De los 47 asuntos que quedarán en el limbo, 36 pertenecen a Batres, un récord que refleja ausencias estratégicas y retrasos injustificados. En contraste, el resto de los ministros apenas dejaron algunos rezagados: cinco de Alberto Pérez Dayán, cuatro de Laynez y dos de Yasmín Esquivel.
La situación se agravó porque la Sala funcionó solo con cuatro ministros tras la salida de Luis María Aguilar, lo que generaba empates constantes y hasta sesiones canceladas por falta de quórum. Y aquí, otra vez, el dedo apunta a Batres: se ausentó en votaciones clave, como cuando la Corte debía decidir si ella podía conocer un asunto relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego. En otras ocasiones, simplemente se retiró para evitar votar en temas fiscales que le incomodaban.
El informe de Laynez confirma lo que en redes ya se discute con furia: Batres llegó a la Corte no para impartir justicia, sino para proteger la agenda política del oficialismo, incluso a costa de dejar a miles de ciudadanos en la incertidumbre legal.
La Segunda Sala desaparecerá, pero su último capítulo queda marcado por un dato demoledor: Lenia Batres no solo falló en sus funciones, sino que dejó la huella de la ineficacia y el sesgo político en el máximo tribunal del país.
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