Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
El caso de la Universidad Veracruzana abre un precedente inédito que pone en riesgo la autonomía y la legalidad de todas las universidades públicas del país.
La Universidad Veracruzana atraviesa un momento crítico con la decisión inédita de otorgar una prórroga al actual rector. Como académico por horas de esta casa de estudios, debo aclarar que no milito en ningún grupo político o académico, ni respaldo a ninguno de los aspirantes al cargo. Mi posición es la de un jurista y profesor comprometido con la legalidad, la autonomía y la congruencia universitaria.
Lo ocurrido no es un asunto menor. La llamada “prórroga” no está claramente prevista en la Ley Orgánica ni en el Estatuto General de la Universidad. La norma habla de reelección, no de una extensión automática del mandato. La diferencia no es semántica: se trata de un vacío legal que la Junta de Gobierno ha decidido llenar discrecionalmente, colocándose por encima del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la institución. Este exceso competencial erosiona el principio colegiado de gobierno universitario y debilita la autonomía que tanto trabajo ha costado construir. Además, debe señalarse el riesgo de nulidad: los actos emitidos durante el periodo prorrogado pueden ser impugnados e invalidados jurídicamente por carecer de una base normativa sólida. Esto abriría un escenario de inseguridad institucional aún mayor, pues comprometería la validez de nombramientos, contratos, convenios, titulaciones, y decisiones estratégicas tomadas bajo un rectorado cuestionado en su legalidad.
Los jueces federales, al negar suspensiones provisionales contra esta decisión, han privilegiado la “certeza jurídica” y la “estabilidad institucional” como criterios para justificar la continuidad del rector. Pero la certeza jurídica no se alcanza con actos de dudosa legalidad, sino con apego estricto a la norma. De lo contrario, terminamos con “jueces del bienestar”, más preocupados por evitar el conflicto que por garantizar la constitucionalidad. Los jueces de distrito están muy alejados de Luigi Ferrajoli, quien pone énfasis en la legalidad sustancial más que en la legalidad formal, es decir, que los razonamientos de los togados deben estar sujetos a los principios y derechos constitucionales, y no a una simple subsunción.
El problema es mayor si vinculamos la universidad con la sociedad. Si aceptamos que la universidad es un reflejo de lo que somos como comunidad, entonces estamos frente a una sociedad derrotada, que normaliza la discrecionalidad y se acostumbra a vivir bajo reglas torcidas. La universidad, que debería ser faro de legalidad y democracia, corre el riesgo de convertirse en espejo de las peores prácticas del poder político en turno.
El sociólogo Boaventura de Sousa Santos nos recuerda que la universidad es un “bien público”, es decir, patrimonio común de la sociedad, destinado a producir conocimiento y ciudadanía. Una prórroga impuesta desde la cúpula pervierte ese sentido: la universidad deja de ser bien público y se vuelve botín de los nuevos arribistas en el poder.
Por su parte, Jürgen Habermas concibe a la universidad como un espacio de racionalidad comunicativa, donde la legitimidad surge del diálogo y la deliberación. Lo que ocurre en la UV es la negación de ese ideal: una decisión cerrada, sin debate auténtico, tomada en círculos reducidos y revestida de legalidad aparente.
El riesgo es nacional. Si este precedente se replica en otras universidades públicas, veremos multiplicarse rectores prorrogados sin reelección legítima, debilitando la autonomía universitaria en todo el país. Lo que hoy parece un caso local puede convertirse en un patrón de control autoritario en el ámbito universitario.
Lo que está en juego no es la continuidad de una persona en el cargo, sino el modelo de universidad pública que queremos para México. Una universidad sometida a la discrecionalidad y al cálculo político no puede cumplir su papel social ni formar ciudadanos libres. Como advierte Boaventura de Sousa Santos, asistimos a la “muerte del inconformismo y de la rebeldía” cuando la sociedad permanece pasiva ante estas prácticas. Por ello, es indispensable que la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto rechacen la prórroga y defiendan a la universidad como bien público.
Dado lo anterior, es un tema que ya salió del ámbito universitario, y se insertó en la propia sociedad veracruzana, la que ahora deberá manifestarse sobre este tema, y como apunta Roberto Gargarella, el primer derecho es el de la protesta, lo cito para una mejor comprensión: “En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”.
¿Qué debemos hacer?, hace unos meses los estudiantes del Colegio Preparatorio de Xalapa, nos dieron una lección de resistencia, dignidad y sobre todo defensa de su futuro, a través de la solicitud de permanencia de una dirección educativa que formaba, que los atendía, que los hacía ser personas; y justo eso es lo que deben hacer los estudiantes de la universidad, aunque ya se observaron que los estudiantes de psicología, matemáticas, física, y de las región de Minatitlán y Coatzacoalcos han estado a la altura de miras de esta situación, no así los que estudian humanidades.
Como académico y jurista, sostengo que defender la autonomía universitaria no significa defender a personas o grupos, sino defender la legalidad, la colegialidad y la vocación pública de la institución. La universidad debe ser ejemplo de sociedad democrática; de lo contrario, sólo reflejará la imagen de un país que ha renunciado a serlo, y que se encamina rápidamente hacia la autocracia.
