La impunidad amenaza con devorar lo poco que queda de confianza en las instituciones. Quintín Antar Dovarganes Escandón, exconsejero del OPLE Veracruz denunciado por acoso sexual y laboral, busca salir por la puerta trasera: renunciar para evadir la justicia. Y el INE parece dispuesto a darle ese privilegio.
El abogado electoral Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, quien encabeza el proceso de remoción, lanzó un duro reclamo contra el órgano electoral: “El INE ha encubierto y protegido a acosadores sexuales. No podemos permitir que la renuncia sea el truco perfecto para borrar la violencia y dejar a las víctimas en el abandono”.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya fue clara: en la sentencia SUP-REP-495/2024 ordenó que el caso se resuelva con perspectiva de género. Sin embargo, el Consejo General del INE no ha actuado con la firmeza que la justicia exige.
Aceptar la dimisión de Dovarganes sin sanción equivaldría —advirtió De la Torre— a mandar un mensaje devastador: que dentro de los órganos electorales es posible acosar, violentar y después escabullirse con un simple trámite administrativo.
La exigencia es tajante: el INE debe concluir el procedimiento, imponer sanciones, reparar el daño a las víctimas y garantizar que estos hechos no se repitan.
Porque si la justicia electoral sirve para proteger a los victimarios y no a las mujeres, el verdadero cáncer del sistema democrático no será la corrupción, sino el encubrimiento institucional de la violencia.
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