En el Senado se cocina un golpe directo al corazón de los derechos ciudadanos: la reforma a la Ley de Amparo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que Morena pretende aprobar a toda prisa esta misma semana, pese a las voces críticas de constitucionalistas, abogados y académicos.
El amparo —esa figura histórica que protege al ciudadano frente a abusos de autoridad— quedaría severamente debilitado. La iniciativa limita el interés legítimo para promover juicios, reduce el alcance de las suspensiones como medidas cautelares y, lo más grave, abre la puerta al incumplimiento de sentencias al diluir las consecuencias por desacato.
Mientras este lunes iniciaban las consultas públicas en el Senado, Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en la Cámara Alta, ya adelantaba que el dictamen se votará el miércoles o jueves, confirmando el fast track. “Incluso el miércoles podría aprobarse en comisiones y en el pleno”, aseguró.
Los presidentes de comisiones clave, Javier Corral y Manuel Huerta, se alinearon con la estrategia y confirmaron que la aprobación se mantiene programada para esta misma semana.
La oposición encendió las alarmas:
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El priista Pablo Angulo denunció que con esta reforma “ya no hay garantías en la ley de amparo, se consolida un régimen autoritario”.
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El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, habló de un “retroceso flagrante” que debilita el derecho de los ciudadanos a defenderse de la autoridad.
Lo que para Morena es una reforma “necesaria”, para expertos y opositores representa un golpe a la columna vertebral de las libertades en México.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de modernizar el sistema jurídico o de blindar al poder frente a cualquier freno ciudadano?
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