¿Desde cuándo los servidores públicos se volvieron intocables e inalcanzables? ¿En qué momento el cuestionamiento se volvió una amenaza?

Quetzalli Hernández

En México, la prensa, que históricamente ha sido el puente entre la ciudadanía y los gobernantes, hoy es tratada como enemiga; lo que antes era acceso, hoy son vallas; lo que antes era diálogo, hoy es censura y en Veracruz es evidente.

Cada año, durante las guardias de honor en el monumento a los Niños Héroes en la ciudad de Xalapa, ocurría una práctica común: los medios aprovechaban para acercarse a los funcionarios, hacer preguntas, obtener posturas; el poder salía del escritorio y enfrentaba la realidad; hoy, ese ejercicio está cercado literalmente con vallas metálicas, sí, el gobierno de la 4T frena el acceso con vallas.

Los funcionarios asisten escoltados por su personal, cruzan rápido, discursan por breves minutos, se toman la foto y se van mientras la prensa, contenida detrás de barandales observa cómo el poder ha decidido cuándo, cómo y con quién hablar; la prensa los llama para que se acerquen y en muchos casos son ignorados; ahora, el contacto es a conveniencia del funcionario.

¿Desde cuándo los servidores públicos se volvieron intocables e inalcanzables? ¿En qué momento el cuestionamiento se volvió una amenaza? ¿Es ese el dichoso cambio prometido por la 4T?

Palacio de Gobierno, que antes era casa del pueblo, hoy es una fortaleza; cuando convocan a la prensa, hay que esperar formados como quien va a comprar tortillas, el cambio prometido por Morena ha sido, en los hechos, un retroceso, con Fidel y Duarte —y eso ya es decir mucho— la prensa aún tenía acceso; con Morena, hay que mendigar una declaración; si no quieren hablar, no lo hacen; si se incomodan, se van. ¿Por qué tanto miedo? Porque desde Palacio de Gobierno la instrucción es clara: no hablen, no se expongan, no se contradigan, no incomoden al discurso oficial.

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERIODISTAS, UNA VERGÜENZA TOTAL.

Ya que hablamos de prensa, es imposible no mencionar el triste papel de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), un organismo que, en teoría, debería ser garante de la libertad de expresión, pero que en la práctica actúa como oficina satélite del área de Comunicación Social.

Su presidente, Luis Ramírez Baqueiro, ha demostrado no tener la independencia necesaria; diría el periodista Obed Contreras “es el vocero no oficial de la gobernadora”, a él como a otros integrantes de la comisión, no lo guía el deber, sino la simpatía e interés político y el recurso económico; ejemplos sobran.

El lunes 30 de septiembre, durante un conversatorio sobre violencia de género y libertad de expresión, la periodista Lulú López denunció que uno de los ponentes la ha señalado como vocera de la delincuencia ¿La reacción de la CEAPP? Cortar la transmisión, censurar.

La CEAPP debe ser reformada a fondo, urge legislar una nueva forma de elegir a sus integrantes, que no dependan del gobierno, que no respondan a intereses políticos y, no hay que olvidar que tanto el diputado Esteban Bautista como la diputada Bertha Ahued se comprometieron a revisar el tema e incluso a presentar una propuesta en tribuna y el gremio espera acciones.

También la periodista Silvia Núñez mantiene una problemática con la CEAPP que la llevó a presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del organismo y señala al secretario ejecutivo Tulio Moreno Alvarado, y al director jurídico de atacarla, por lo que también se quejó ante el Órgano Interno de Control de la CEAPP y refiere que la responsable de la Unidad de Género de la CEAPP se negó a darle atención.

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