Jorge Fernández Menéndez
Nunca, desde que se promulgó la Constitución de 1917, un gobierno se había atrevido a vulnerar la piedra angular del derecho en México y en cualquier democracia ni siquiera en los años de mayor autoritarismo priista: la imposibilidad legal de establecer la retroactividad de las leyes.
Lo hicieron el miércoles los senadores de Morena con las reformas a la ley de amparo, una reforma que ya de por sí vulnera derechos individuales y colectivos, pero que con su retroactividad, impuesta en un transitorio que no había sido incluido en la reforma original, termina vulnerando toda posibilidad de seguridad jurídica en el país. Como se dijo en el debate del miércoles en la noche en la Cámara alta, ese transitorio es más grave para los derechos de personas, colectivos y empresas, que todo el resto de la reforma aprobada.
El artículo 14 constitucional establece con toda claridad que ninguna ley puede ser aplicada en forma retroactiva porque ello atenta contra el principio de seguridad jurídica, afecta la certeza y previsibilidad sobre los derechos y obligaciones de las personas, los colectivos y las empresas.
La retroactividad aprobada modifica y elimina derechos ya adquiridos e impone nuevas obligaciones a actos realizados bajo un marco legal anterior, lo que genera incertidumbre y desconfianza. Nadie puede prever cómo sus actos pasados serán tratados legalmente, a partir de nuevas disposiciones. Hay unos 700 mil amparos a los que podría aplicarse esa retroactividad aprobada en el senado.
La retroactividad, establecen la Constitución y las leyes, sólo puede aplicarse si beneficia directamente a la persona afectada, por ejemplo, reduciendo penas o ampliando derechos. Si se la admite en perjuicio del Estado, como se votó, se abre la puerta a la arbitrariedad y manipulación desde el poder.
La pregunta es por qué el Senado pudo aprobar semejante barbaridad. La primera respuesta es porque puede hacerlo, como una exhibición de poder de ese grupo senatorial. Segundo, porque está confiado en que la Constitución puede ser ignorada a placer porque hay una Suprema Corte que puede mover a su antojo. Tercero, porque se quiere ajustar cuentas pasando por encima de la ley.
Y cuarto, porque una vez más se pone de manifiesto que en el Senado la que manda no es la presidenta Sheinbaum, sino un grupo de personajes enquistados por la pasada administración que responden, comenzando por el líder de Morena, Adán Augusto López, al expresidente López Obrador y no a la presidenta Sheinbaum. Y el transitorio con el que aprobaron la retroactividad de las reformas sirve para recordarle a la mandataria que no se disciplinan a ella. Que pese a todas las acusaciones y sospechas en su contra, que ahí permanezca Adán Augusto, es una demostración palpable de ese hecho. Que la propuesta haya sido presentada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, un viejo militante de Morena en Veracruz, muy cercano a Adán Augusto también.
La presidenta Sheinbaum insistió en que esa retroactividad de las reformas no eran parte de su iniciativa y pidió que se revise en diputados. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara baja, más allá de su carrera partidaria, es un reconocido profesor de derecho constitucional en la UNAM. Pese a sus diferencias con la presidenta Sheinbaum ha buscado mostrarse como un interlocutor válido con ella. Reformar la reforma a la ley de amparo y sobre todo acabar con ese nefasto transitorio, es una oportunidad de demostrarlo.
Porque toda la reforma significa un retroceso. La redefinición del “interés legítimo” impedirá que colectivos litiguen en defensa de bienes comunes o derechos colectivos. Las restricciones a las suspensiones de actos reclamados dificultarán que se frenen megaproyectos y actos impugnados por la ciudadanía. La exigencia de exhibir daños concretos, reales y diferenciados, impide la protección de intereses generales. Aumentan los requisitos probatorios, se reduce el margen para suspender actos del gobierno y se dificulta el acceso colectivo o preventivo a la protección judicial.
Pero nada es tan perjudicial para la sociedad como establecer la retroactividad de las leyes.
CONFLICTO ARMADO ACTIVO
Según el New York Times, el presidente Trump informó al Congreso que su país está en un “conflicto armado activo”, en una situación de guerra, contra los cárteles del narcotráfico a los que considera terroristas, a partir de la movilización de tropas realizada en el Caribe y el hundimiento de tres embarcaciones que transportaban drogas.
Que Trump considere que su lucha contra los cárteles, designados como terroristas, es parte de un “conflicto armado activo” implica que piensa que se trata de una situación de guerra y está reclamando lo que se llama poderes extraordinarios en tiempos de guerra. En un conflicto armado, tal como se define en el derecho internacional, un país puede matar legalmente a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicios y procesarlos en tribunales militares. Y los cárteles considerados como terroristas son además del Tren de Aragua, venezolano, los mexicanos de Sinaloa con sus distintas vertientes, el Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el del Noreste y la Nueva Familia Michoacana. Imaginemos lo que esto implica en capacidad de reacción de EU contra estos grupos, dentro o fuera de México.
Excélsior
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