El desastre que arrasó con el norte de Veracruz no fue una sorpresa del clima, sino una tragedia anunciada y desoída.
Lo documenta con precisión quirúrgica el periodista Édgar Ávila Pérez en El Universal: dos de las cuatro fases críticas del sistema de alerta temprana fallaron, y con ellas, falló el gobierno veracruzano.
La alerta que nadie quiso escuchar
Durante cinco días, entre el 6 y el 10 de octubre, los radares nacionales e internacionales detectaron lluvias torrenciales que amenazaban con desbordar el río Cazones.
El jueves 9, a medianoche, la Conagua lanzó una advertencia inminente: el nivel del río había subido 2.20 metros y el desbordamiento era cuestión de horas.
Pero mientras el agua crecía, las autoridades callaban.
En las redes oficiales del Gobierno de Veracruz y de la Secretaría de Protección Civil no hubo ni una sola orden de evacuación.
En cambio, se publicaban mensajes sobre el dengue, un festival de aves y la agenda pública de la gobernadora Rocío Nahle.
Sí, mientras Poza Rica se preparaba para ahogarse, el gobierno publicaba sobre Agustín Lara y ferias culturales.
Dos fases que colapsaron y costaron vidas
El especialista Jorge Luis Vázquez Aguirre, investigador de la Universidad Veracruzana y miembro de la Organización Meteorológica Mundial, explicó que el sistema internacional de prevención de desastres tiene cuatro fases básicas:
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Conocimiento del riesgo.
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Seguimiento técnico.
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Comunicación masiva de alertas.
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Capacidad de preparación y respuesta.
En el caso veracruzano, fallaron las dos más importantes: comunicar y actuar.
Las alertas existían, pero no llegaron a la gente. Nadie ordenó evacuar. Nadie desplegó brigadas. Nadie preparó refugios hasta que el agua ya estaba en las calles.
El resultado fue devastador: 30 personas muertas, 18 desaparecidas, 46 comunidades incomunicadas y más de 40 municipios golpeados.
Todo, pese a que la emergencia se había anunciado con al menos seis horas de anticipación.
Omisiones, improvisación y negación oficial
La investigación de Ávila Pérez revela que el jueves 9 de octubre, mientras la Conagua emitía la alerta roja, el gobierno de Nahle transmitía un evento del Congreso de Agentes Navieros y publicaba en Facebook:
“¡Aguas! Únete a la campaña estatal de lucha contra el dengue”.
Ese fue el tono del “alertamiento oficial”.
Horas después, el río Cazones rompió su cauce y arrastró casas, autos y familias enteras.
Una semana después, la gobernadora Rocío Nahle negó los hechos.
En entrevista, dijo que “sí sonó la alarma de Pemex y Protección Civil voceó”, aunque los registros digitales —analizados por El Universal— muestran que no hubo comunicación efectiva ni evacuación preventiva.
“Una sola pérdida humana es inadmisible”, advirtió el experto universitario. Pero en Veracruz, fueron treinta.
Tragedia con nombre y responsabilidad
El caso de Poza Rica es más que un desastre natural: es una radiografía de la negligencia oficial.
Un gobierno que confunde comunicación institucional con propaganda, que reacciona después de la tragedia y que niega sus errores mientras la gente entierra a sus muertos.
Las evidencias son claras: las alertas estaban ahí. Lo que faltó fue voluntad política para actuar.
Y lo que sigue faltando es responsabilidad para reconocerlo.
Porque como escribió Édgar Ávila Pérez, esta fue “una tragedia que se pudo evitar”.
Y en Veracruz, eso significa que las víctimas no murieron por el agua… murieron por la indiferencia.
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